Avanzado a una nueva Constitución

En la mayoría de las democracias occidentales se establece un marco de convivencia que pivota sobre una ley primordial de un Estado, con  jerarquía superior al resto de las leyes y que define el sistema de derechos y libertades de la ciudadanía, estableciendo un marco de convivencia, delimitando los poderes e instituciones de la organización política. Es lo que se denomina, a grosso modo, Constitución.

Las constituciones marcan modelos de convivencia entre diferentes personas, para converger en principios tales como los derechos humanos y de justicia universal (en el más amplio sentido de la palabra). Norma imperfecta, pero necesaria y que debe ser reciclada a la par de las demandas de aquella a la que le sirve, la ciudadanía. En España, aunque obsoleta y con necesidad de ser reformada con el mayor de los concesos posibles, nos regimos por una, que en un entorno muy hostil, fuera refrendada por la ciudadanía en 1978.

Afrontar con valentía el reto que supone negociar un nuevo marco de convivencia, sin líneas rojas, y actualizar la Constitución Española (CE) con el fin de una sociedad que en su mayoría se refleje en ella, incluyendo en la medida de lo posible a un país como el nuestro con su gran diversidad tanto histórica, como cultural y lingüística, es un reto posible y necesario.

Pero en cualquier caso se tiene que alejar de romper principios esenciales como la igualdad, la fraternidad o la justicia(en cualquiera de sus afecciones) para favorecer a elementos socio-económicos y políticos, que buscan su interés, sean nacionales o extranjeros, de forma preponderante sobre el interés general. No se puede claudicar en preceptos esenciales en un marco fundamental que sirve como base a leyes inferiores que marcan el devenir diario de la ciudadanía. Un marco que nos permita avanzar unidos en un mundo cada vez más globalizado.

Hoy en día existen opciones políticas que parecen no tener conocimiento real de los limites que en la CE se establecen, y que no permiten determinados desafíos a la misma, sean del gusto o no de aquellos que la nombran según les convenga para aceptar o negar las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional (TC), que en un Estado de Derecho interpreta la misma (la Justicia).

La solución radica en un nuevo acuerdo político, y en utilizar las herramientas que nuestra Constitución posee para ser modificada, y seguir los preceptos esenciales de un estado de derecho en el que hay que destacar que "nadie está por encima de la ley". Todo lo demás provoca, por intereses partidistas y/o identitarios, un enfrentamiento civil que puede degenerar en odio y/o violencia (de cualquier tipo), por el intento de imposición que unos y otros hacen de sus enfoques ideológicos.

Será necesario que el respeto al que piensa diferente, el dialogo y el sentido común imperen, y prevalezcan los principios esenciales que rigen cualquier marco de convivencia democrática.

Carlos Gustavo Rivero Quintana es ciudadano de Telde.