Un juez en apuros (X)

Podría decirse que Victoria Rosell había ganado las dos primeras batallas al ex ministro José Manuel Soria y a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, pero que con el informe que envió el magistrado Salvador Alba Mesa el pasado día 23 de marzo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, después de tomarle declaración ese mismo día al empresario Miguel Ángel Ramírez, la suerte de la magistrada Rosell comenzaba a cambiar, porque gracias a ese informe, el Alto Tribunal admitió a trámite la querella del ex ministro Soria el pasado día 26 de abril.

El problema para Soria fue que ese informe del magistrado Salvador Alba tenía trampa, cuando nos enteramos posteriormente, por publicaciones en eldiario.es, de la existencia de una grabación que se realizó en el despacho del magistrado Salvador Alba, en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas una semana antes, concretamente el día 16 de marzo de 2016, cuando fue citado allí Miguel Ángel Ramírez, al que se le hizo entrar por la “puerta de atrás”, para preparar la posterior declaración en la que el juez acuerda con Ramírez cuál debe ser el contenido y sentido de su testimonio, con el fin de sostener las acusaciones contra Victoria Rosell y archivar la causa que afecta al empresario, en base a una supuesta nulidad de las actuaciones de la jueza.

El problema para el magistrado Salvador Alba Mesa comenzó en el mismo momento en que Miguel Ángel Ramírez grabó esa reunión previa a esa declaración del imputado, que efectuaría una semana después, y la filtró a eldiario.es, que la hizo pública.

Desde ese mismo momento la suerte de Soria cambiaría, porque su querella contra Victoria Rosell comenzaba a quebrarse ya que se sustentaba presuntamente en pruebas prefabricadas en las que había participado activamente el magistrado Salvador Alba en la citada reunión previa a la declaración de Miguel Ángel Ramírez como imputado.

Pero más grave y alarmante aún para el magistrado Salvador Alba es la mencionada publicación de la grabación en eldiario.es, porque le dejaba bajo las patas del caballo del sistema judicial del que él forma parte. Por lo que puede oírse en la grabación, todo indica que magistrado Alba acuerda con Ramírez cuál debe ser el contenido y sentido de su testimonio, con el fin de sostener las acusaciones contra Victoria Rosell y archivar la causa que afecta al empresario, en base a una supuesta nulidad de las actuaciones de la magistrada Rosell.

Todo se hizo mal el pasado 16 de marzo por el magistrado Salvador Alba, ya que ordenó al servicio de seguridad de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria que el empresario Miguel Ángel Ramírez accediera directamente a su despacho por el circuito restringido del edificio.

Con esa forma de acceso de Miguel Ángel Ramírez por la “puerta de atrás”, el magistrado Alba buscaba que aquél no pudiera ser visto en el control de acceso al edificio y en las zonas públicas de las dependencias judiciales.

Está publicado que la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias confirmó que fue el propio magistrado Salvador Alba quien autorizó y dio "instrucciones precisas" al Servicio de Vigilancia y Seguridad, primero de forma verbal y después por escrito, para que Miguel Ángel Ramírez entrara por el garaje reservado a los operadores judiciales, los testigos protegidos y aquellas personas que dispongan de una autorización expresa del presidente de la Audiencia Provincial, el Decano, el Fiscal Jefe Provincial, la Secretaría Coordinadora Provincial, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia o el titular del órgano jurisdiccional.

La reunión previa para preparar la declaración del día 23 de marzo, se celebró el día 16 de marzo, alrededor de las 14:00 horas en el despacho que Salvador Alba, como magistrado de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, tiene en la planta quinta de la torre tres de la Ciudad de la Justicia, una zona menos concurrida y transitada que el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, que compatibilizaba provisionalmente.

A esa reunión acudió Miguel Ángel Ramírez acompañado de su abogado Sergio Armario, en un vehículo conducido por otra persona.

Se da la paradoja de que el personal de vigilancia de la Ciudad de la Justicia pertenece a la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del propio Miguel Ángel Ramírez, y que cuando intentó acceder al edificio por la rampa de acceso del circuito restringido, el vigilante de servicio detuvo el coche en el que viajaba su jefe y cuando le comunicaron que estaba citado por el magistrado Salvador Alba, llamó previamente a éste antes de permitirles el acceso al edificio por el garaje.

Un vigilante de la empresa que custodia el edificio, propiedad del propio Ramírez, detuvo el coche en la rampa de acceso al garaje. Cuando le comunicaron que tenían concertada una reunión con Alba, el trabajador llamó al juez y les permitió el acceso.

Está publicado por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que "se indicó al servicio de seguridad que se permitiera el acceso por el circuito restringido, conforme a lo autorizado por el magistrado, exclusivamente al despacho del magistrado ordenante".

También está publicado, que Miguel Ángel Ramírez y su abogado Sergio Armario subieron en el ascensor hasta el despacho del magistrado Salvador Alba acompañados del vigilante de seguridad que tiene el número 67769 en su Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) y que el conductor del vehículo en el que viajaron Ramírez y Armario, permaneció todo el tiempo en el interior del garaje acompañador de otro vigilante hasta que bajaron Ramírez y su abogado "de conformidad con las normas de funcionamiento del edificio e instrucciones del responsable de seguridad".

Ismael Rodríguez es abogado y articulista de TELDEACTUALIDAD.