Un juez en apuros (V)

Vacante el Juzgado de Instrucción Nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria desde el día 22 de octubre de 2015, por excedencia de la titular Victoria Rosell para presentarse a las elecciones generales por la provincia de Las Palmas en las filas de Podemos, aparece en escena el magistrado-juez Salvador Alba Mesa, quien voluntariamente pidió ocupar provisionalmente la plaza del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria mientras, a su vez, conservaba la de magistrado integrante de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

 

Desde ese puesto al frente del Juzgado de Instrucción estaría bajo su jurisdicción la instrucción de las Diligencias Previas nº 644/2014 contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas, por una presunta estafa a Hacienda y la Seguridad Social de más de 20 millones de euros. Las diligencias preprocesales contra Rosell se iniciaron pocas semanas después de que la jueza en excedencia anunciara su entrada en política.

 

El 22 de noviembre recibió “anónimamente”, el fiscal jefe de la Fiscalía provincia de Las Palmas Guillermo García Panasco, la copia del contrato de fecha 26 de octubre de 2015 (corregido posteriormente) y la copia del talón bancario por importe de 100.000 euros, que la U.D. Las Palmas había entregado a Soria y a su acompañante. Copia de ese contrato también llegó al periódico El Mundo.

 

Guillermo García Panasco ordenó a Evangelina Ríos, fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, que investigara si Rosell había retrasado intencionadamente el procedimiento de fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la UD Las Palmas, a sabiendas de que su pareja, director de Canarias Ahora, estaba negociando un acuerdo para alquilarle una frecuencia de radio en FM por 300.000 euros.

 

La citada fiscal llamó a declarar a testigos y recabó información bancaria sobre operaciones entre las empresas que habían suscrito el contrato e investigó durante tres semanas si Rosell cometió una infracción disciplinaria por no haberse inhibido en la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, acusado de un delito de fraude fiscal en una de sus empresas, por el acuerdo económico al que el club llegó con su pareja sentimental y propietario de la empresa Clan de Medios, Carlos Sosa.

 

La existencia de esas investigaciones, definidas por la propia fiscalía como preprocesales, fue filtrada a la opinión pública (no se ha determinado quien lo hizo) y publicada en El Mundo, pero como dañaban gravemente a los derechos de Victoria Rosell, ésta interpuso inmediatamente un recurso contencioso-administrativo (con solicitud de medida cautelar para que se parara inmediatamente la misma), contra esas investigaciones de la fiscalía, solicitando el archivo y la declaración inmediata de nulidad radical de las diligencias preprocesales incoadas contra ella por el Ministerio Público, al entender que esta actuación "solo puede interpretarse como una actuación realizada a sabiendas, voluntaria y conscientemente fuera de toda previsión legal o por ignorancia inexcusable, y que vulnera de forma flagrante y directa mis derechos fundamentales y las más elementales garantías procesales", explicando en su escrito, que esa investigación, que versa sobre una infracción disciplinaria, como ha recogido la queja de la Fiscalía, sólo puede ser incoada por el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

 

El día 11 de diciembre de 2015 la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), atendiendo a la petición de Victoria Rosell, dictó un Auto ordenando paralizar las actuaciones de la Fiscalía, de manera cautelar, porque atentaban, entre otros, al derecho de la candidata de Podemos a presentarse, en igualdad de condiciones con el resto de candidatos, en un proceso electoral.

 

Ese mismo día 11 de diciembre de 2015 la Fiscalía remitió sus pesquisas al Consejo General del Poder Judicial, que las recibió el lunes 14 de diciembre. El día 12 de febrero de 2016, el Consejo General del Poder Judicial procedió a archivar la diligencia informativa abierta contra la magistrada en excedencia y, en esos momentos, diputada de Podemos Victoria Rosell, a raíz de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Las Palmas, al entender que la acusación del Ministerio Público carecía de datos que permitieran sostener un interés indirecto de la magistrada en la causa contra Ramírez.

 

Victoria Rosell sumaba otro punto más en su casillero en la batalla política, mediática y judicial abierta contra ella a raíz que decidiera entrar en el terreno político de la mano de Podemos. Pero esto solo era el principio de una guerra que todavía no ha acabado.