Salud mental y derechos sociales

En palabras de los representantes, las personas enfermas de salud mental, “Somos muy capaces de decidir qué y cómo queremos que sean nuestras vidas, pero para la Administración es más fácil darnos fármacos, psicoterapia y aislarnos» esto lo declaraban a los medios de comunicación hace algún tiempo.

 

Entre el 2’5 y el 3% de la población adulta tiene una enfermedad mental grave. Esto supone más de un millón de personas. El 9% de la población padece algún tipo de trastorno mental (grave o leve) y el 15 % lo tendrá a lo largo de su vida. Más de la mitad de las personas con enfermedad mental que necesitan tratamiento no lo reciben y un porcentaje significativo no recibe el adecuado. La OMS establece que las enfermedades mentales suponen un 40 % de las enfermedades crónicas. 1 de cada 4 personas puede padecer algún trastorno mental a lo largo de su vida.

 

En la actualidad, sigue siendo necesario que la sociedad, en general, conozca de manera efectiva, la realidad del colectivo de personas enfermas de salud mental y de este modo contribuyan de forma corresponsable a la erradicación de ideas equivocadas y prejuicios, que constituyen las principales barreras a las que se enfrentan estas personas y sus familias, en su camino hacia la normalización e integración social.

 

El empleo es uno de los principales ámbitos de estigmatización, sólo el 5% de las personas con enfermedad mental tiene un empleo regular y el 44% aseguran haber sufrido algún tipo de discriminación laboral. Desde hace años, las distintas asociaciones que aglutinan a estas personas, reivindican mejoras en la atención y en la inclusión.

 

Hoy en día se pretende por parte de las instituciones y empresarios la inserción de las personas con alguna discapacidad, pero la realidad es que las empresas no contratan a personas de salud mental, ni tampoco las instituciones. Los trabajos que ofrecen son con unas condiciones económicas precarias, cuando hay muchos personas capacitadas con títulos como diplomaturas, licenciaturas y otros estudios muy cualificados.

 

En muchas ocasiones se aplica un Reglamento desfasado que no deja opositar. Según la Constitución, los Derechos Humanos y los Convenios y Tratados de los Derechos de las personas con discapacidad, tienen, también, derecho al trabajo digno. A veces, ni siquiera les hacen entrevistas, ni miran el currículum, sino aplican el Reglamento.

 

Por todo ello, es importante aplicar medidas en las administraciones públicas que sólo dependen de una mayor compromiso. Por ejemplo, que de forma transversal se desarrolle una estrategia de concienciación a nivel escolar, institucional y de medios de comunicación, para erradicar el estigma social sobre las enfermedades mentales.

 

También, que se establezca, una mejora en las políticas de empleo y de participación social del colectivo, con el objetivo de mejorar en su emancipación y autorrealización. Que se sigan apoyando las reivindicaciones, no sólo de las asociaciones de familiares, sino escuchando también las del propio colectivo de afectados, destinando recursos para actividades que desarrollan.

 

Y una última, no menos importante, que en el Plan de Salud de Canarias se expongan y se apliquen, las mejoras que este colectivo demanda. Pero lo fundamental es la defensa que hacen, porque se necesita, del Plan Integral de Salud Mental de Canarias, para evaluar, racionalizar lo que existe hasta ahora y planificar gradualmente, las necesidades de forma equitativa en la Comunidad Autónoma de Canarias.