Un juez en apuros (IV)

 

No se si fue antes el huevo o la gallina, o las dos cosas a la vez. Al menos en este asunto, todo parece que funciona paralelamente.

Miguel Ángel Ramírez, en su calidad de presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, informó en su momento que el día 9 de septiembre de 2015 el Gobierno de Canarias le notificó que tendría que cerrar la emisora del club, UD Radio, porque esta no tenía licencia, y que ante esto, tenían dos soluciones: cerrar la emisora o buscar una frecuencia donde emitir sus contenidos.

 

Ramírez optó por buscar otra frecuencia para seguir con la radio abierta y encargó al director de la emisora, Ruymán Almeida, y al director general de gestión del club, Patricio Viñayo, que buscarán una licencia, y éstos contactaron con Fernando Ortega, director de Todo Radio, emisora que prestaba los servicios a Clan de Medios, empresa propiedad de Carlos Sosa. Fernando Ortega era el explotador de la frecuencia, pero no era el titular de la misma y, por tanto, no estaba en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento o cesión a favor de la Unión Deportiva Las Palmas.

 

El día 11 de octubre de 2015 se hizo público que Victoria Rosell encabezaría la lista de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas y que había solicitado el día 15 de octubre la correspondiente excedencia del Consejo General del Poder Judicial y que, una vez que obtuvo dicha excedencia, abandonó el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria el día 22 de octubre, haciéndose oficial su incorporación a Podemos el viernes 23 de octubre.

 

Ese mismo día 23 de octubre de 2015 fue cuando Patricio Viñayo comunica a Miguel Ángel Ramírez que el problema de la radio estaba ya resuelto y que le explicaría los detalles el domingo 25 de octubre, en el almuerzo con la directiva del Villarreal, que fue el momento en el que el presidente de la Unión Deportiva se entera de que habían llegado a un acuerdo con Clan de Medios.

 

El día 26 de octubre la Unión Deportiva Las Palmas envió un documento al Registro Mercantil con el fin de saber si estaba disponible el nombre de “Productora Audiovisual UD Las Palmas”, y cuando le señalan que sí, proceden a la constitución de la misma de dicha sociedad. Hubo que esperar hasta el día 28 de octubre para que el Registro Mercantil de Las Palmas emitiera el preceptivo certificado del nombre y en esa misma fecha fue cuando se escrituró ante notario el nombre de la productora. Por lo tanto, no hubo contrato entre Clan de Medios y Productora Audiovisual UD Las Palmas hasta el día 28 de octubre de 2015. El día 29 se produce el primer pago de la cantidad pactada.

Inicialmente se había elaborado un borrador del contrato con fecha del día 26 de octubre, porque inicialmente se iba a suscribir ese día, pero tampoco había llegado a las dependencias de la UD Las Palmas el Número de Identificación Fiscal (NIF) de la empresa.

 

José Manuel Soria tuvo conocimiento de la existencia de esa negociación y, acompañado por otra persona, pidió explicaciones a Miguel Ángel Ramírez sobre esta negociación porque consideraba que se beneficiaba al periódico digital Canarias Ahora, con el que mantenía una guerra desde mucho tiempo atrás y pidió que se le diera copia de la documentación firmada. Por error se le entregó la única copia existente del contrato que tenía fecha 26 de octubre, que se había invalidado porque se había firmado el real el día 28 de octubre, cuando dispusieron de toda la documentación necesaria para suscribirlo.

 

El contrato erróneo y copia del talón del primer pago que se entregó a Soria fue a parar a manos del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, que inmediatamente ordenó a la fiscal Evangelina Ríos la apertura de las diligencias prejudiciales a Victoria Rosell.

El día que declaró Patricio Viñayo, director general de la UD Las Palmas, ante la fiscal Evangelina Ríos, el contrato que le pusieron delante fue la copia (única existente con fecha 26 de octubre) y el talón bancario de 100.000 euros que se le habían entregado al entonces ministro José Manuel Soria. La fiscal manifestó que alguien se lo había hecho llegar, de manera anónima, a su despacho.