Políticas sociales y burocracia

Hace unos días conocimos que 45 toneladas de comida, se tuvieron que tirar por estar en mal estado. Es una parte de la ayuda que viene de la Unión Europea a través de su Fondo Social. Concretamente se financia con unos 662 millones hasta 2020 en los que los Bancos de Alimentos tienen un protagonismo fundamental en la distribución.

Financiado al 85% por Europa y al 15% por cada Estado, en España es el Ministerio de Agricultura quien compra y distribuye a través de las organizaciones no gubernamentales seleccionadas, dichos alimentos para el conjunto de las comunidades autónomas. Se compran los excedentes agrícolas y alimentarios a proveedores de la Península, desde los cuales se redistribuye a cada región. 

En Canarias estos alimentos, no solo tardan más tiempo en llegar a los centros de almacenamiento, sino que tienen que soportar cambios de temperatura con mayor riesgo de deterioro, además de los sobrecostes del transporte por la lejanía.

El Estado de Bienestar y las Políticas Sociales afrontan en la actualidad distintos desafíos, que obligan a reflexionar las distintas medidas sociales desarrolladas y a abordar nuevas perspectivas, con criterios que permitan redefinir este modelo de Estado de Bienestar, para hacer frente a las nuevas necesidades que han surgido con la crisis a partir de 2008.

Estamos de acuerdo con el colectivo de Trabajadores Sociales de nuestra comunidad, que es necesario desde las administraciones públicas, valorar de forma coordinada, las acciones desarrolladas más allá de dejarnos llevar por la inercia, con el objetivo de establecer nuevas acciones que contribuyan a solucionar los problemas que afectan a las personas de nuestros municipios.

El Banco de Alimentos, en 2013, comenzó a recibir del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 20.000 € al año a modo de convenio. También se acordó en otro documento, compartir determinados datos de los usuarios que permitiría saber si tienen derecho a ayudas sociales y el diseño de un documento que asegurase que las personas pueden ser beneficiarias de los productos del Banco de Alimentos. El coste económico de la adaptación del programa lo pagó el ayuntamiento y esto permitía el acceso más rápido y de forma más eficaz al servicio que presta esta entidad. Desde el Cabildo de Gran Canaria, también se estableció una subvención para los costes de mantenimiento de la nave en la que desarrollan todo el trabajo para la recepción de los alimentos y la posterior distribución.

Sin embargo, las ayudas institucionales no son la solución a la labor que desarrollan las diferentes ONG en nuestra isla. Es imprescindible, de una vez, coordinar los sistemas de información entre los servicios sociales de los Ayuntamientos y estas organizaciones, para llevar a cabo, cada vez con más eficacia, la actuación y atención integral a las personas y familias, en sus respectivos entornos. También existen problemas generados por la excesiva burocracia, que ha hecho que 45 toneladas de alimentos se pierdan. Si no somos capaces de centrarnos en los problemas y dejamos que el papeleo, los trámites y el celo normativo estén después que las personas; los problemas seguirán sin resolverse y las instituciones continuarán alejadas del ciudadano como en una burbuja, en la que las necesidades van por un lado y las soluciones se dilatan por la falta de sensibilidad.

José Miguel Álamo Mendoza es profesor titular de Universidad y director del Diploma de Estudios Canarios

@JosemiAlamo