La Unidad de Medio Ambiente de la Policia Local de Telde (UMAT), amigablemente conocida como Policía Verde, investiga dos presuntos delitos medioambientales.
El primero de ellos lo realiza a un particular y consiste en la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela de más de 1.000 metros cuadrados, siendo el suelo catalogado como «suelo de protección paisajística».
El segundo lo realiza una empresa muy conocida del municipio, la cua l ha enterrado toneladas de material de construcción y posteriormente lo ha cubierto superficialmente con tierra. Todo ello para salvar un talud y, por consiguiente, ampliar físicamente su parcela.
Según publica Canarias7, a ambos se les investiga por la comisión de dos presuntos delitos, tipificados en la L.O. 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, el primero, en el artículo 319, sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, y el segundo, en el 330, contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Dichas investigaciones han sido puestas en conocimiento tanto del Juzgado de Telde como de la propia Fiscalía de Medio Ambiente. Ambos delitos llevan ligadas penas de prisión y multa económica, además de la restitución del lugar a su estado original.
Quien contamine, que pague
Con la intención de aminorar estas prácticas perjudiciales en el futuro, el Pleno aprobó el pasado jueves de manera definitiva y por unanimidad la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección del Medioambiente y de los Espacios Públicos, un documento que endurecerá las sanciones «con un fin educativo y no con afán recaudatorio», asegura la corporación, además de para atajar de mejor manera la limpieza y gestión de los residuos en el municipio. Cabe destacar que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas en menos de un mes.
La normativa, que sustituye a la vigente –del 2003–, fue elevada a la sesión plenaria por la Concejalía de Medioambiente, que dirige Álvaro Monzón, y ha sido elaborada conjuntamente con el área de Limpieza y Residuos de Eloy Santana. La ordenanza tiene como objetivo la regulación de todas aquellas conductas y actividades dirigidas a la limpieza de los espacios públicos y privados, así como al depósito, recogida, transporte y, en su caso, entrega al gestor autorizado o al Cabildo insular para el tratamiento de residuos, respetando los principios de prevención, reutilización y reciclado. Todo ello para contribuir a alcanzar los retos de la sostenibilidad ambiental, la mejora de la calidad de vida, el bienestar de la ciudadanía y sus visitantes.
Con este documento se actualiza la normativa, ya que «en 19 años el marco normativo que regula las materias del medio ambiente y residuos ha variado sustancialmente, tanto en los ámbitos de la Unión Europea, como a nivel nacional y comunitario», explica Álvaro Monzón.
Así, esta nueva ordenanza se adapta y se ajusta a más de doce normas, entre ellas la regulación sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, sobre los riesgos de exposición al amianto, las competencias de los ayuntamientos con el tratamiento de los residuos sanitarios, los subproductos de animales (denominados Sandach), sobre las pilas y los acumuladores, y sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros asuntos.
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