TELDEACTUALIDAD
Telde.- El colectivo ecologista Turcón pone en tela de juicio las actividades extractivas que se realizan en el entorno del pago cumbrero de La Breña. Tilda de “aberrante” que se conceda una autorización para retirar áridos en el límite de la Caldera de Los Marteles, una Reserva Natural Especial con protección.
En un comunicado público, el colectivo ecologista sostiene que, a su juicio, en esta zona anexa a Los Marteles no cabe autorización para la explotación de áridos, al no ser un uso compatible y admitido en el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria.
“Resulta cuanto menos difícil de entender que se haya podido proceder a la autorización de trabajos extractivos en un espacio de alto valor geomorfológico y natural, teniendo en cuenta sus valores paisajísticos y de afección a un Espacio Natural Protegido, por Ley. No se nos esconde que los materiales volcánicos porosos que están siendo extraídos en estos momentos son el soporte vital de la recarga de los acuíferos del Barranco de Los Cernícalos, lugar que sigue teniendo una escorrentía continua y anual en su cauce”, recogen en la nota de prensa.
A todo esto, desde Turcón añaden que “los impactos del vaciado y depósito de materiales de rechazo están a la vista de todo aquel que transita en esta vía que nos lleva a la cumbre de Gran Canaria, pasando por el pago cumbrero de Cazadores. Más parece que quien autoriza y aquellos que extraen quisieran hacernos partícipes del día a día de la tropelía de desmonte, socavones y tránsito de vehículos pesados que no se sabe a dónde”.
Así las cosas, un miembro de los ecologistas visitó este lunes el lugar para recabar información y tomar fotografiar que luego ha remitido al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Instan a la Benemérita a comprobar la situación administrativa y las autorizaciones de las que dispone dicha actividad, solicitando que, de no disponer de evidencias al amparo de la legalidad, proceda a su precintado.
También advierte Turcón que pedirá información al Ayuntamiento de Telde y a la Consejería de Industria, y que en el caso de “aplicársenos el silencio administrativo, la obtendremos en la vía de lo Contencioso-Administrativo”.


































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