Incredulidad. Vergüenza ajena. Indignación. Son algunos de los sentimientos que despierta el serial de cutrerío casposo y corrupción 'torrentera' que nos está deparando el caso Mediador.
Aunque el procedimiento aún está en investigación y la presunción de inocencia es un derecho constitucional que todo español merece, no cabe duda de que lo que sale a la luz dice bien poco de los que participaron en esos supuestos intentos de extorsión, en esas juergas pantagruélicas en restaurantes de postín o en esas orgías de sexo de pago.
Y sí, el PSOE alega que fue rápido y que en cuanto supo del expediente judicial los mandó a mudar, pero con eso no basta. ¿Por qué? Pues porque como yo habrá muchos que no terminan de creerse que nadie en el partido tuviera conocimiento, aunque solo fuera de oídas, de esas particulares salidas de tono. No me refiero a las prácticas ilícitas ni a las posibles corruptelas explícitas, que, de ser ciertas, se habrían cuidado de esconder, sino a ese singular andar de la perrita de malas compañías que a todo hijo de vecino siempre pone sobre la pista de que hay algo que falla.
¿O es que a nadie le llamó la atención ver que el tal Marco Antonio Navarro, sin ninguna vinculación contractual con el Gobierno canario, se paseaba como pedro por su casa por los pasillos de algunas dependencias públicas? ¿Y esas reiteradas visitas suyas al Congreso? ¿Ningún diputado socialista se olió nada raro ante algo tan, tan chusco?
Quizás la clave esté en que los partidos, también el PSOE, a menudo se comportan como redes clientelares en las que se camuflan con facilidad personajes de esta baja estofa. El problema, se ve, es más de fondo. Hay que extremar los controles al entrar en los partidos, no para salir.























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