Es evidente que en España las comisiones de investigación parlamentarias no han sido de gran utilidad. Sus conclusiones o no sirven de mucho o ni siquiera suele haber acuerdo para que sean aprobadas. El gobierno de Canarias no quiere esa comisión sobre el caso mascarillas o de todos los contratos que se hicieron durante lo peor de la pandemia porque aduce el presidente Torres que ya no servirían porque el caso ya está judicializado.
Como razonamiento puede valer, pero también se podría poner en marcha como pide la oposición, porque los canarios sabemos aún muy poco sobre los contratos, empresas y empresarios del periodo Covid y no estaría mal, como mínimo una comparecencia al máximo nivel del ejecutivo, para sacarnos de dudas, sobre todo ello.
Claro, porque si uno lee el borrador del informe no aprobado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, órgano que fiscaliza las cuentas canarias, la cosa da para tanto, que el gobierno tiene que dar todo lujo de detalles. Queremos saber, cuánto dinero se gastó en contratos a dedo por parte del Servicio Canario de Salud, qué confirmen a qué empresas y por qué la mayoría a dos compañías, que no se dedicaban a asuntos sanitarios. Si ha habido alguna relación de los cargos públicos con esas empresas o empresarios, además de saber cuánto ha sido la cantidad de material defectuoso que sigue guardado en las islas en naves industriales u hospitales públicos.
No vale con que el portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, nos dijera ayer aquí en El Drago de Ser Las Palmas, que no habla de los contratos del covid o especialmente del caso mascarillas, porque está en secreto del sumario. Esté o no judicializado el caso y aunque no se haya aprobado el informe de la Audiencia de Cuentas que apuntan muchas irregularidades y falta de diligencia en la dirección de hospitales, además de precios abusivos a los que la comunidad compró material sanitario, algunas veces inservible, no se puede despachar con un no hablo. Hay que hablar prontito para que no se siembre una cortina de sospechas sobre la gestión de la cosa pública, que es verdad que no fue nada fácil, especialmente durante el confinamiento.
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