La vecina de Telde Lourdes Castro González denuncia la situación a la que se ha visto abocada por una incapacidad permanente absoluta por la que tendría que estar cobrando una prestación de la Seguridad Social, tal y como le reconoce una sentencia judicial firme. Sin embargo, por el gran volumen de expedientes y la falta de trabajadores, desde el organismo estatal le aseguran que hasta dentro de un año no podrán tramitarle la pensión.
Todo se remonta a 2016, cuando le reconocieron esta prestación por incapacidad permanente absoluta. Pese a ello, en el año 2021 el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se la retiró “de forma arbitraria”. Una decisión que llevó a la Justicia y contra la que el Juzgado de lo Social nº 4 de Las Palmas le dio la razón en una sentencia que obliga a la Seguridad Social a seguirle abonando la pensión desde la fecha en la que se la suspendió.
"La cuestión es que, según la Seguridad Social, hasta dentro de un año no podrían empezar a pagarme mi pensión por el atasco que hay en el departamento al que corresponde darle curso", explica la afectada. Además, una vez la sentencia cobró firmeza, se traslada un requerimiento judicial de ejecución de sentencia instando al INSS a empezar a hacer los ingresos en un período de un mes. "A fecha de hoy no he percibido el ingreso de mi pensión. Y es inadmisible que me hagan esperar un año, en vez de agilizar el departamento para cumplir los requerimientos judiciales en el tiempo que ordena el juez", se lamenta Lourdes Castro. "Me parece una actitud delictiva ya que abocan a las personas a la indigencia. No es que te bajen el grado de discapacidad y, por ende, cobre menos de pensión, sino que te la retiran totalmente dejándote en una situación de total vulnerabilidad", reprocha.
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