La consejería de vivienda del gobierno de Canarias ha firmado un convenio con los constructores y con los arquitectos con el fin de invertir casi 8 millones de euros en ayudas para rehabitar casas edificios de forma sostenible. Con esta colaboración público-privada se consigue agilidad en la inversión de estos fondos europeos, ahorro energético y por supuesto que se gaste el dinero disponible, además de que los ciudadanos pierdan el tiempo como siempre ante la densa y tediosa administración pública.
Lo mismo vienen demandando para la construcción de viviendas sociales y de protección oficial en venta o alquiler desde la Asociación de los empresarios de la construcción y promotores de Las Palmas, su presidenta, la siempre activa, María de la Salud Gil. Una pena. Esto lleva repitiéndolo hace demasiado tiempo y nada. Al parecer el tema según nuestras informaciones de las divergencias directas y celos políticos entre Franquis y el gerente de Visocan. El primero del PSOE y presidente de la empresa Visocan, y el segundo elegido por la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo, que es el gerente de la misma empresa pública.
Que por cuestiones de protagonismo político los canarios estemos esperando para que se hagan miles de viviendas de forma rápida, para la clase trabajadora que no pueden acceder al mercado libre y no se hagan es impresentable, no tiene nombre.
Y he dicho de forma rápida, simplemente porque los empresarios aseguran que las pueden hacer con el suelo urbano que tiene el gobierno en condiciones y está disponible, en menos de un año y medio. Por tanto, hay dinero para hacer viviendas, hay suelo público disponible, voluntad y medios empresariales, que además ofrecen financiación etc, está todo y no se hacen por falta de voluntad política. En unas islas donde no se hacen viviendas protegidas hace más de 15 años, es de juzgado de guardia.




























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