El desalojado y sus hijas en Telde vuelven al piso por orden judicial y su dueña siente que "no se protege la propiedad privada"

Maria Sánchez: "Siento que la ley no protege la propiedad privada"

«Ver para creer», es lo que exclama María Sánchez, la propietaria del piso de Los Llanos en San Gregorio, y que ahora, tras la orden del juez, tiene que devolver la vivienda que compró hace menos de un año por más de 70.000 euros al antiguo inquilino, Francisco López.

«Siento que la ley no protege la propiedad privada, cualquiera puede quitarte lo que es tuyo», manifiesta a Canarias7 desolada María, que compró el piso el pasado verano tras separarse de su exmarido para irse a vivir con sus dos hijas de 10 y 14 años.

El inmueble fue adquirido a través de una subasta pública por una cantidad cercana a los 70.000 euros el pasado verano. Lo que no sabía la nueva propietaria era que dentro todavía habitaba Francisco y sus dos hijas de 16 y 14 años de edad. Fue solo cuando se dispuso a entrar a su nueva casa, después de haberla comprado, cuando se encontró la situación. «Nadie en Hacienda me informó antes de venderme la el piso que todavía había alguien dentro», se queja.

El exmarido de María, Jordan Blanco, se prestó para ayudar en el proceso de mudanza, por lo que este intentó mediar con Francisco para tratar de encontrar una solución que dejase satisfecho a ambas partes. «Al principio se le vio receptivo y dispuesto a colaborar», cuenta Jordan sobre el inquilino. «Me contó que no tenía recursos y que por eso no había dejado la casa después de que la embargaran. Incluso, nos dejó entrar mientras el seguía viviendo allí para tasar el inmueble, parecía que todo iba a llegar a buen cauce pronto. Nos decía que sabía que la casa no era suya y sí de mi exmujer y mis hijas, pero que por ahora no tenía a dónde ir y que necesitaba tiempo para buscar algo. Le creímos y esperamos un par de meses. Pero pasaba el tiempo y la situación era insostenible. Mi exmujer seguía viviendo en mi casa y ya no tenemos la misma relación, por lo que para ninguno de los dos es una posición cómoda, para algo se compró una casa», explica Jordan.

«Entendí su situación porque tiene dos hijas menores, al igual que yo. Mi idea desde el principio fue ayudarle y que él nos ayudase. Llegamos a un trato en el que le entregaba 3.000 euros para que pudiese hacer frente a los primeros meses de alquiler en otro lado. En septiembre o noviembre me dice que no encuentra nada porque vive con una pensión muy reducida y los alquileres son elevados y le piden una nómina de un trabajo que no tiene o le solicitan varios meses de fianza por adelantado que no puede aportar.

Desesperado ya, le doy por adelantado 1.000 euros para que pueda el pago de la fianza en el piso que él quiera», continúa contando Blanco.

A finales de año llegó otro revés. Francisco, según cuentan la dueña, se quedó con el dinero y avisó de que no se iba a mover del piso. Fue entonces, en el pasado mes de enero, cuando Jordan contrató los servicios de Power Seguridad. «Me dijeron que no era nada ilegal, que únicamente son una empresa que media con la persona que está viviendo en una propiedad que no es suya y acaba por sacarla de ahí. Sin violencia», asegura la expareja de la dueña del piso.

«No supe más de ellos hasta la semana pasada, cuando me llamaron para decirme que la vivienda ya estaba libre», explica. En ese momento María pudo entrar por primera vez después de seis meses de la compra. Limpiaron la casa, pintaron las paredes, arreglaron humedades y dieron la opción a la madre de las hijas de Francisco a recoger las pertenencias de las niñas. Pero «Francisco prohibió a su exmujer que sacara nada», comenta la propietaria. «Nunca pensé que después de medio año intentando vivir tranquila con mis hijas en una casa que está a mi nombre y que pago cada mes, la justicia haya dado la razón a una persona que no tiene ningún derecho sobre una propiedad que no le pertenece y me haya echado para tener que volver a vivir con mi expareja porque no tengo otro sitio a donde ir», lamenta María.