El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (SIGC) denuncia públicamente que el Gobierno de Canarias subvencione a empresas que se dedican al desalojo de viviendas, como la que hace unas semanas desahució a la fuerza a un vecino de Telde.
Según advierte SIGC en un comunicado, empresas como Desokupa Canarias reciben ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) pese a que "extorsionan, amenazan e incluso llegan a ejercer violencia física a familias vulnerables para ejecutar desahucios sin iniciar un procedimiento judicial".
El último caso, pone como ejemplo el SIGC, el acaecido recientemente en Telde contra un padre y sus dos hijas, menores de edad.
Comunicado del SIGC
El Gobierno de Canarias subvenciona con dinero público a "empresas" que se dedican a desahuciar de forma extrajudicial a familias vulnerables canarias. Como anuncia en su página web desokupacanarias.es, la empresa "Desokupa Canarias" recibe fondos del programa "Fondo Europeo de Desarrollo Regional" de la Unión Europea, gestionado por el tripartito de PSOE, Podemos y Nueva Canarias.
Este tipo de "empresas" extorsionan, amenazan e incluso llegan a ejercer violencia física a familias vulnerables para ejecutar desahucios sin iniciar un procedimiento judicial.
El último caso ocurrió en el municipio grancanario de Telde. Como denuncia la persona afectada en TA (1), una de estas empresas engañó a su hija menor para que le abriese la puerta. Cuando la menor accedió, la propiedad cambió la cerradura y desalojó a esta familia sin recursos de la que había sido su vivienda durante los últimos 20 años, impidiéndoles incluso recuperar sus pertenencias.
Muchos propietarios acuden a este tipo de "empresas" porque los desalojos extrajudiciales suponen para los propietarios una solución mucho más rápida y económica que iniciar un procedimiento judicial. Sin embargo, estos procedimientos pueden implicar una vulneración de los derechos de las personas desahuciadas, ya que no existen garantías legales y se les impide solicitar la mediación de los Servicios Sociales para garantizar una alternativa habitacional en caso de vulnerabilidad.
De hecho, el propio sistema judicial ya está pronunciándose con respecto al proceder de este tipo de "empresas". Como informa el periódico Levante-EMV (2), el Ministerio Fiscal en Valencia ha observado la posibilidad de que existan delitos de ejecución arbitraria del propio derecho y pide una pena de 12 años de prisión para tres trabajadores de una empresa de desokupación y 7.000 euros de multa para el propietario que les contrató.
Por lo tanto, denunciamos públicamente que el Gobierno de Canarias financie con dinero público a entidades que utilizan métodos mafiosos para desahuciar a personas vulnerables sin ningún tipo de garantías, algo que, en nuestra opinión, podría ser constitutivo de delito. Exigimos al Gobierno de Canarias que elimine esta subvención de inmediato, aclare por qué se ha otorgado y abra una investigación sobre los métodos y procedimientos de este tipo de sociedades.
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