El vecino desalojado a la fuerza de su piso en Los Llanos de Telde pide diligencias por allanamiento de morada

El Palacio de Justicia de Telde acogió este martes declaraciones y atestados a raíz de la demanda formulada por Francisco López, un vecino de Telde que denunció amenazas y coacciones por parte de una empresa dedicada al desalojo de okupas y ahora pide justicia.

López aseguró a RTVC que “nunca ha estado de okupa”, aunque reconoce que no pagaba el alquiler de la vivienda situada en la calle de Juan Diego de la Fuente porque era de su tía.

Su abogada ha solicitado que se abran diligencias ante un posible delito de allanamiento de morada.

Tal y como adelantó TELDEACTUALIDAD, el pasado 24 de enero este vecino denunció que le habían desalojado a la fuerza, junto con sus dos hijas menores, de la casa donde vivía en usufructo. Se trata de una vivienda que fue comprada en una subasta, pero que, según indica el afectado, a él nunca le llegó una orden judicial que le obligara a abandonarla.

Este martes varios testigos y agentes de la Policía Local que intervinieron durante el desalojo fueron sido citados a declarar. Todos han narrado al juez de qué manera ocurrieron los hechos.

López ha manifestado que la persona que compró la vivienda era un funcionario que “ sabía a lo que se atenía”. Señala que en la subasta la casa estaba como “ocupación familiar y eso no se ha tenido en cuenta”, dice. Asegura que lo único que quiere es que se haga justicia.

Empresas de desokupación

Se anuncian como una opción legal y eficaz contra la ocupación de viviendas. Las llamadas empresas de desokupación’ aseguran que pueden llevar a cabo un desalojo en tiempo récord. Insisten en que su herramienta es la mediación y la negociación, pero algunos de sus métodos pueden conllevar delito.

Por la pandemia, los desahucios se mantienen suspendidos hasta finales de febrero. Además la nueva Ley de Vivienda permite la suspensión temporal de desahucios en casos de vulnerabilidad. Aunque el proceso judicial para un desalojo puede tardar hasta un año, los expertos recuerdan que es la vía adecuada.

Hasta 12 años de prisión pueden caerle a los miembros de una empresa por echar por la fuerza de una vivienda a cuatro personas en Valencia. La Fiscalía también pide una multa para el propietario que contrató sus servicios.