90 millones y sin ayudas

La encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística de 2020 que salió ayer deja en evidencia lo que ya sabíamos, que los canarios son los ciudadanos de todo el estado que mayores dificultades tenemos.

Canarias es la comunidad con mayor riesgo de pobreza, un 29%. También con la tasa más alta de personas que no pueden hacer gastos imprevistos, un 63%. Somos la segunda región donde más ciudadanos sufrieron retrasos en los pagos, un 23%. Somos la segunda comunidad autónoma con más ciudadanos que tuvieron mucha dificultad para acabar el mes, un 15%. Tenemos la tasa más alta de paro con el 22.6% y también la de parados de larga duración con un 8,4%. Terribles y asiduos datos que además muestran el empeoramiento de las condiciones de vida de nuestra gente.

Y por si esto fuera poco, en una región empobrecida, tenemos que ayudar al estado, sufragando con casi 90 millones de euros la política de menores, la mayoría extranjeros no acompañados. Unas políticas necesarias e imprescindibles, que están cedidas a las comunidades autónomas, pero de forma injusta. Ni nos ayudan a sufragar estos gastos brutales que tenemos en esta materia tan delicada, como frontera sur de la Unión Europea que somos, y ahora cuando sabemos que Europa pone a España 50 millones para migración y el ministerio de inclusión social de Escrivá, además de no recibir a nuestra consejera de derechos sociales, se atreve a no poner a Canarias, ni un euro para pagar la integración de estas personas y para rematar este señor ni ha confeccionado una norma que obligue a compartir entre todas las regiones este esfuerzo útil.

Hay que integrar de forma efectiva a los menores extranjeros, es lo justo y eso lo debe pagar el estado y Europa y no Canarias o Andalucía, que simplemente nos toca todo, por una cuestión geográfica.