EVARISTO QUINTANA
El gobierno de España se ha puesto las pilas y ha conseguido reducir de forma considerable el número de migrantes que están en las islas.
Según el ministro Escrivá en Canarias quedan unos 3.200 en los centros de acogida, que tienen capacidad para más de 7000.
Ha quedado claro que se podían producir repatriaciones a Marruecos fundamentalmente y lo que es aún más importante que los migrantes venidos en patera a nuestro archipiélago podían y pueden ser derivados a la península, ya sea por medio del gobierno o ya sea de mutuo propio.
Todo esto se ha conseguido gracias a la presión social, política y mediática, gracias a la denuncia del Defensor del Pueblo y del Diputado del Común de Canarias y por supuesto a las organizaciones no gubernamentales y a las sentencias judiciales que lo dejaban claro. Los migrantes no estaban detenidos en las islas y por tanto podían seguir su camino, como era y es su objetivo para encontrar trabajo en Europa y mejorar sus vidas y las de sus familiares.
El gobierno de España ya está haciendo su trabajo en esta materia y con los adultos, aunque sea un poco tarde, pero aún le falta mucho para resolver algo esencial y es la distribución de los menores extranjeros que están en Canarias.
Aquí tenemos a cerca de 3000 menores extranjeros no acompañados que llegaron en patera a las islas y se tienen en su mayoría en centros de emergencia, eventualmente, porque se han visto desbordados. Los gobiernos autonómicos son los responsables de estos chicos, siendo, por tanto, Canarias la región más afectada por su presencia, por ser esta ruta atlántica de llegada de pateras, la única abierta en España.
Los menores están en centros improvisados, no han podido, en su mayoría, ser derivados a los cabildos que tienen la competencia delegada para su atención integral. Por ejemplo, el cabildo de Gran Canaria solo tiene 168 en sus hogares porque no tiene forma de atenderlos debidamente e integrarlos si supera este número.
Es decir que el gobierno de España está haciendo oídos sordos a las quejas de Canarias. Acude solo a la solidaridad del resto de regiones españolas, pero esa solidaridad no llega o es ínfima y no vienen a por los menores. Lo que tiene que establecer el gobierno central de España es la obligatoriedad de la distribución, o con una ley o con lo que determine necesario para distribuir a los menores por toda España. Se ha demostrado que a las buenas no van el resto de territorios, habrá que hacerlo por obligación.
Evaristo Quintana es presentador y director del programa Hoy por Hoy-El Drago de SER Las Palmas.
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