Una familia de Caserones Altos, en la calle con sus enseres tras ser desalojada por Visocan

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Telde.- Una familia residente en la calle de Ebro, en Caserones Altos, fue desalojada esta mañana por orden del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Telde de la vivienda de VPO que ocupaba y desde entonces permanece en la vía pública con sus enseres.

El desahucio se llevó a efecto a las 11.15 horas después de habérsele concedido una nueva prórroga de un mes por impago del alquiler del piso que fue le entregado en abril de 2015 y por el que acumula una deuda de más de 15.000 euros.

Durante la mañana, los agentes policiales ejecutaron la orden mediante comunicación verbal, sin notificación. En el momento de redactar esta información, la que fuera inquilina sigue a las puertas de su casa: “No tengo a dónde ir. Estoy pensando cómo voy a pasar la noche. Aún no me lo creo”.

La afectada Itahisa Pérez Tavío, de 35 años y con tres hijos, ya sufrió otro desahucio cuando vivía en El Caracol.  Entonces, plataformas anti desahucios, asociaciones y administraciones públicas hicieron un frente común y lograron que pudiera trasladarse en 2015 a la vivienda que cinco años después ha tenido que abandonar, esta vez, sin colectivos que protestaran la decisión, acompañada por un grupo de familiares y amigos.

Ha solicitado ayuda, sin éxito, a Servicios Sociales y a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, a la que pertenece la empresa pública Vivienda Sociales de Canarias, propietaria del inmueble que ocupaba hasta esta mañana la familia de Caserones Altos.

 Desde noviembre de 2015, Pérez debía abonar 366 euros al mes. Pero durante este tiempo afirma que no ha conseguido encontrar trabajo y se le agotó la prestación por desempleo. Tan solo ha podido acceder a Programa de Formación en Alternancia con el Empleo para aprender a trabajar en la construcción, pero que no era apta por sus "problemas personales". Sin sus hijos en su vivienda, al no poder mantenerlos, Pérez explica que acudía a Cáritas, instituciones públicas o familiares.

Pérez reitera su petición de apoyo ante la decisión de Visocan de dejarla en la calle “sin alternativa habitacional”. El Ayuntamiento de Telde le ha ofrecido un hostal, "pero solo durante una semana" y, además, tendría que esperar a la tramitación y ahora, su preocupación es encontrar un lugar donde pasar la noche.

El abogado de la familia intentó parar el desahucio mediante la presentación de un escrito en el Juzgado de Primera Instancia número 4 al entender que de llevarse a cabo se vulnera el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, que amplía hasta el 31 de enero de 2021 el plazo de suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.  Sin embargo, el Juzgado desestimó estas alegaciones y le dio la razón a Visocan.