¿Queremos ser una cárcel?

DIEGO OJEDA

No podemos permanecer impasibles ante la tragedia de Lesbos. Este drama, que se ha agudizado con un incendio que ha ocasionado que muchas personas hayan perdido lo poco que tenían, debe hacernos reflexionar sobre la importancia y el valor de la vida.

El fenómeno de Lesbos no es sino una muestra más de las políticas migratorias erráticas que practican los estados miembros de la Unión Europea, que no ofrecen soluciones dignas y adecuadas al sufrimiento que padecen las personas más vulnerables de los países más empobrecidos de nuestro entorno.

Asistimos al desatino de la UE y del Estado español. Es a ellos a quienes debemos demandar un compromiso verdadero con el fenómeno migratorio, y muy especialmente en Canarias, donde nos encontramos sumido en una nueva crisis migratoria que se ve agravada por los efectos nocivos derivados de la pandemia.

Es evidente que no podemos afrontar este drama en solitario y es por eso por lo que se hace necesaria una decidida actuación por parte del Estado y la Unión Europea.

Para dar soluciones eficaces a este problema, España y la Unión Europea deben cooperar con los países de nuestro entorno, en aras de mejorar los sistemas de vigilancia y de facilitar los medios y recursos adecuados para favorecer tanto la acogida y la custodia digna como el tránsito hacia la Europa continental de las personas migrantes. Y todo ello debe hacerse respetando, en todo momento y sin pretexto alguno, los derechos humanos.

Canarias no puede convertirse en una cárcel. No puede llegar a ser otra Lesbos, un lugar en el que existe un campo de refugiados que fue creado para 2.500 personas y que hoy acoge a 13.000 personas, y al que continúan llegando migrantes sin ningún control, lo que ha hecho que se le conozca como ‘La isla de las desgracias’, en la que miles de seres humanos malviven confinados y para la que no se vislumbra ninguna solución. Una situación ya de por sí muy preocupante que, además, está generando un sentimiento irracional de odio hacia quienes llegan de fuera.

¿Acaso las y los canarios hemos perdido esos valores solidarios inherentes a nuestra idiosincrasia? ¿Es que hemos olvidado que somos un pueblo que ha migrado a lo largo de su historia, buscando una vida mejor? ¿Es que vamos a permitir que algunos sectores malintencionados nublen nuestro semblante de pueblo acogedor, envenenando nuestros sentidos con el odio y la xenofobia?

Desde luego que no. No es aceptable que la gestión improvisada e indolente del Gobierno estatal permita que se dé una imagen de Canarias que no concuerda con la realidad. En ningún caso esta situación debe ser excusa para avivar caldos de cultivo que favorezcan el racismo y el rechazo hacia personas que lo único que necesitan es poder vivir en condiciones dignas y labrarse un futuro.

No podemos permitir que Canarias se convierta en otra Lesbos, porque nunca Lesbos se debió convertir en lo que es en la actualidad: una cárcel sin barrotes, pero con un futuro incierto e indigno.

No podemos tolerar que nuestras islas se transformen en prisiones, para justificar la negligente política migratoria. Y mucho menos podemos consentir un fenómeno como el que se está produciendo en nuestra tierra ni contemplarlo como una situación normal.

Llevamos casi treinta años asistiendo como espectadores impasibles a la evasión de responsabilidades de España con Canarias en muchas materias y la de la inmigración es una de ellas.

No vamos a creer la falacia de que lo que está sucediendo es producto del llamado ‘efecto llamada’ que, además, se incrementa debido al buen tiempo que facilita e impulsa la llegada de pateras a nuestras costas. Y aunque así fuera, ni esos ni ningún otro argumento justifican la pasividad y la inacción política.

No perdamos la perspectiva. No se trata de nada de eso. Se trata de que las instituciones competentes carecen de una estrategia que palíe este drama humanitario. Y a las pruebas me remito.

El grado de desconocimiento que ha evidenciado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre la crisis migratoria que atravesamos en Canarias resulta muy llamativo y, sobre todo, muy preocupante; y es un ejemplo que nos puede hacer concebir el nivel de orfandad en el que nos mantiene el Gobierno del Estado en materia migratoria.

El mismo Arcadio Díaz Tejera, juez que tutelaba el CIE en Gran Canaria, visitó hace algunos días el improvisado centro de confinamiento que se ha habilitado en el muelle de Arguineguín para los migrantes y, ente la penosa evidencia, no pudo hacer otra cosa sino reconocer que existen instalaciones adecuadas en España para acogerles y apelar a la solidaridad de otros territorios del Estado, argumentando que este no es un problema de Canarias sino de todo el continente.

Se están alzando voces en el Archipiélago que claman por la necesidad de lograr que el Gobierno español asuma el compromiso sin paliativos de trabajar para dar soluciones al drama de la migración en nuestra tierra.

Por eso, en este escenario y con un futuro más que incierto, creo que es preciso que nos centremos en exigir estrategias al Estado y a la UE, y no volquemos nuestra frustración en las personas más vulnerables. Solo así demostraremos una vez más la idiosincrasia y los valores de un pueblo que sabe permanecer unido y que orienta sus esfuerzos no en denostar a los más débiles sino en hallar las mejores soluciones para todos.

Diego F. Ojeda Ramos es concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Telde por Nueva Canarias.