El desahucio de Rita y su hija se ejecuta el 27 y aún no tienen casa

TELDEACTUALIDAD

Telde.- Situación límite para Rita María Pérez. «Se supone que lo iban a parar, que no nos íbamos a quedar en la calle», exclama con desesperación esta madre que lleva más de dos años y medio luchando por un hogar para ella y su familia. Pero ayer recibió la peor noticia posible, la notificación de los juzgados de su desahucio para el próximo día 27.

Sabía que este momento se produciría, puesto que ya le había llegado un requerimiento para que abandonase el pasado verano esta vivienda de promoción pública que okupa en Las Huesas desde noviembre de 2015. Sin embargo, pensaba que antes el Gobierno de Canarias cumpliría su promesa de buscarle a ella y a su hija una vivienda alternativa.

«Tanto el Ayuntamiento como el Instituto Canario de la Vivienda conocen mi situación y aseguraron que no nos quedaríamos en la calle», insiste Rita María. «Encima ahora le han diagnosticado una discapacidad de un 67%, se junta todo», se lamenta esta mujer. Se refiere a su hija, que no progresa al mismo ritmo que los niños de su edad. Todavía no habla, ni tampoco es capaz de comer o vestirse sola a pesar de que va a cumplir los tres años.

La primera sentencia en contra le llegó en junio de 2018, mientras que la segunda, de la Audiencia Provincial, y ya firme, es de primeros de abril de 2019. Aún así, las instituciones le aseguraron soluciones a través del programa Canarias + Viviendas x Familias, puntualizando, eso sí, que este protocolo solo se podría activar cuando haya una fecha concreta de lanzamiento. La cuestión es que, a pesar de que se ha fijado ya el plazo, Pérez aún no cuenta con ninguna alternativa y ahora vive con el miedo de que el día 27 la policía la echen a ella y a su hija a la fuerza y no tener a donde ir. Porque Rita no cuenta con más ingresos que los 120 euros mensuales que recibe de manutención por su niña pequeña. No cuenta con paro y sobrevive a base de las ayudas sociales, y eso que el mayor de sus hijos ya se ha independizado y se vale por sí mismo. Aún así su situación continúa siendo desesperada y a no ser que le busquen una casa donde estar junto a su hija, esta teldense se ve en la calle sin recurso alguno.

Retirar la adjudicación

El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria apoya la causa de Rita Pérez e insta al Gobierno de Canarias a que paralice el desalojo y retire la adjudicación de la vivienda a la denunciante del caso, dado que, según Rita, llevaba años sin ocuparla. «Cuando entré en la casa me encontré con un estercolero», asegura.

Un piquete para evitarlo

Ruymán Rodríguez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, ya estuvo con Rita María Hernández el pasado 1 de agosto, cuando se le requería para que abandonase la vivienda. Y entonces anunció que si hay lanzamiento, tal y como se le informó ahora, se organizará un piquete antidesahucio para evitar que esta familia se quede sin casa.

El Ayuntamiento intentó sin éxito un aplazamiento en julio

Ya en julio, el juzgado de instrucción número 1 de Telde rechazó la petición que le cursó el Ayuntamiento para que suspendiese el requerimiento que le hizo a Rita para que dejase la vivienda. El oficio le remitió al área de Vivienda que mantenía la orden a Rita de tener que abandonar, antes del 1 de agosto, el inmueble en el que vive.

El Consistorio, como ya se había procedido en otros casos, intentó mediar con la autoridad judicial para, sin pretender alterar en modo alguno el sentido de la resolución, sí al menos buscarle una alternativa habitacional a esta familia. Otras veces, de hecho, el juzgado accedió al aplazamiento, pero en aquella ocasión la justicia se mostró firme. En el oficio que le remitió a la Administración el pasado 5 de julio de 2019 le advirtió de que esta ejecutoria parte de una sentencia ya firme dictada en mayo de 2019, aclarando que el requerimiento que le hizo el 1 de julio pasado a Rita para que dejara la vivienda en el plazo de un mes seguía vigente. Ese ultimátum expiró el 1 de agosto, y como no dejó la casa de forma voluntaria, se ha fijado para el 27 de febrero a las 10.00 horas el lanzamiento. Además, en dicha diligencia de ordenación se advierte la citación de la Policía Nacional para que acompañe a la Comisión Judicial y a la parte denunciante a proceder al desalojo.