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Telde.- El empresario Miguel Ángel Ramírez ha manifestado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que el juez Salvador Alba le dijo en su despacho que quería acabar con la carrera de su compañera Victoria Rosell y que él se prestó "al juego" porque lo había amedrentado de forma "mafiosa".
"Me dijo que quería cargarse a esa hija de puta, a esa cabrona. Eso es lo que se escucha en la grabación. Quería acabar con su carrera judicial y con su carrera política", ha señalado Ramírez, el testigo que aportó la grabación sobre la que giran ahora buena parte de las razones por las que la Fiscalía solicita que el juez Salvador Alba sea condenado a diez años de cárcel por cuatro delitos.
Ramírez ha alegado que, cuando Alba lo citó a una reunión en su despacho, extraoficial, sin su abogado, decidió tomar "medidas de autoprotección", como la de llegar una grabadora camuflada como una llave de coche, e intentó seguir "el juego" a su interlocutor, un juez que lo había amedrentado con prácticas "propias del Chicago de los años treinta". "Una auténtica mafia", ha enfatizado.
El empresario grancanario tenía abierta en aquellos momentos -y la sigue teniendo ahora- una causa penal por fraude fiscal y a la Seguridad Social relacionada con su gestión en la compañía Seguridad Integral Canaria, cuya instrucción inició Victoria Rosell y luego continuó Salvador Alba, cuando la primera se presentó a las elecciones y fue elegida como diputada de Podemos por Las Palmas.
Durante la campaña de las generales de 2015, la Fiscalía de Las Palmas impulsó un procedimiento disciplinario sobre Victoria Rosell por la sospecha de que podría estar instruyendo un caso penal en el que tenía intereses indirectos, por las relaciones comerciales de su pareja, Carlos Sosa, con el empresario Miguel Ángel Ramírez.
La juez salió exonerada de aquel asunto de todo reproche tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por el TSJC, pero el asunto llegó al Tribunal Supremo en forma de una querella del entonces ministro José Manuel Soria (PP), a la que se unieron los informes sobre su desempeño que había presentado el juez que la sustituía temporalmente en su plaza: Salvador Alba.
Ramírez ha declarado esta tarde que desde el primer momento en que le citó a una reunión extraoficial el juez que llevaba su caso vio que todo era "extraño", una sospecha que comprobó cuando su interlocutor no le preguntaba sobre el supuesto fraude fiscal, sino que insistió en que le contara cualquier relación comercial o mercantil que tuviera con la pareja de la juez Rosell.
El empresario ha tratado de explicar al TSJC la situación en la que llegó a esa reunión: "amedrentado", ha dicho, después de que un juez que acababa de hacerse cargo de la causa le hubiera puesto la mayor fianza jamás dictada en Canarias -35 millones-, lo que le hizo perder clientes, y hubiera amenazado a su entonces socio Héctor de Armas con detenerlo si no acudía a declarar sin demora, a pesar de que pedía un aplazamiento para recibir un tratamiento oncológico.
Por eso, ha dicho, intentó ganarse su confianza y se prestó a contarle lo que creía que estaba buscando, aunque no fuera cierto, ya que desde el primer momento de su reunión vio que "valía todo".
Sin embargo, también decidió tomar "medidas de autoprotección", como la de grabar su conversación, guardar una copia en una caja fuerte y formatear el dispositivo, para que cuando lo entregara al juzgado nadie pudiera manipularlo y solo pudieran llegar al archivo de audio lo expertos de la Guardia Civil, como luego ocurrió.
"No es la primera vez que veo que una prueba importante desaparece en los juzgados", ha alegado Ramírez ante la Sala apelando a su experiencia como profesional de la seguridad, para luego apostillar: "Tenía que asegurarme de que la mía llegaba".
Ramírez ha insistido en que el audio que recuperó la Guardia Civil es el original y muestra su conversación con Alba entera, sin cortes ni edición. Y ha reconocido que fue él quien sacó los dos extractos que se entregaron inicialmente al juzgado, sin que nadie más interviniera en ello.
Las partes le han insistido en este extremo porque la defensa de Alba ha entregado una carta en la que el exsocio de Ramírez, Héctor de Armas, dice que ese audio se editó y transcribió en presencia de Victoria Rosell y de su pareja, cosa que el testigo ha negado.
Y también ha remarcado que Rosell no tomó decisión alguna que le favoreciera mientras instruyó su procedimiento: "Más bien lo contrario. La querella inicial era por un delito contra la Hacienda Pública y ella lo amplió a otros dos: fraude a la Seguridad Social y delito contra los trabajadores".
El juez Alba dice que no podía callar ante las "irregularidades" de Rosell
Por su parte, el juez Salvador Alba ha defendido este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que se le está acusando de haber conspirado contra Victoria Rosell con pruebas "manipuladas", cuando él "no podía permanecer callado" ante las "irregularidades" que observó en el trabajo de su colega.
Alba ha relatado al tribunal que un empresario investigado en una causa en el juzgado de Victoria Rosell por fraude fiscal, Miguel Ángel Ramírez, entonces dueño de Seguridad Integral Canaria, le contó en su despacho que "era socio" en varios negocios del periodista Carlos Sosa, pareja de la juez.
Se alarmó cuando comprobó que esas diligencias avanzaban poco y que no se ampliaban para indagar otros delitos, como un posible blanqueo de capitales.
El magistrado -suspendido de sus funciones desde que se le abrió juicio por estos hechos- ha alegado que no tenía nada contra Rosell y que quizás pecó de "prudente" al limitarse a enviar informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre cuál fue su actuación en la causa contra Ramírez y sobre las relaciones de este con su pareja.
Alba ha añadido que, no obstante , lo que "le pedía el cuerpo" era denunciar esos hechos por la vía penal en una exposición razonada al Tribunal Supremo.
La Sala de lo Penal del TSJC ha comenzado a juzgar este lunes al juez Salvador Alba por una serie de decisiones que tomó en 2016, cuando Victoria Rosell fue elegida diputada en el Congreso por la provincia de Las Palmas en representación de Podemos y él la sustituyó en su Juzgado, haciéndose cargo, entre otros, del procedimiento de fraude fiscal abierto contra Miguel Ángel Ramírez.
La Fiscalía y el resto de acusaciones sostienen que Alba manipuló ese procedimiento para perjudicar a Rosell tanto en su imagen profesional como política, en un momento en el que el exministro José Manuel Soria (PP) se había querellado contra ella en el Tribunal Supremo para acusarla de retrasar de forma maliciosa la investigación de los delitos que se achacaban a Ramírez.
Rosell salió indemne de esas acusaciones -archivadas tanto en la vía disciplinaria como en la penal-, pero la decisión del Supremo de admitir la querella de Soria y de abrirle una investigación la obligó a no presentarse a las elecciones generales de 2016.
La Fiscalía pide diez años de cárcel contra Salvador Alba porque considera que cometió delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos, una afirmación que sustenta, entre otras pruebas, en la grabación que Ramírez hizo de una reunión que mantuvo con Salvador Alba antes de que este lo llamara a declarar.
Salvador Alba ha defendido en su declaración que esa grabación está manipulada, que se han cortado frases suyas de esa reunión y de otras conversaciones diferentes para hacer ver que dice cosas que -según su versión- nunca dijo; pero, sobre todo, ha insistido en que no fue él quien preparó ese encuentro, sino que lo solicitó Ramírez.
De acuerdo con el procesado, él no le dijo a Ramírez lo que tenía que declarar, sino más bien lo contrario. Era ese empresario, ha argumentado, quien le decía lo que le tenía que preguntar, hasta el punto de que llegó a sentirse "molesto" con su actitud.
Alba sostiene que aceptó esa reunión celebrada en horas de trabajo y en su despacho, "por lo que difícilmente puede calificarse de clandestina", porque Ramírez le había contado que era socio de la pareja de la juez Rosell, afirmación que le pareció "muy grave", puesto que, si era así, esta no debió instruir su caso.
"Es que el señor Ramírez me estaba contando que había comprado acciones de una empresa de Carlos Sosa, la pareja de la juez. Claro que tenía interés en saber sobre eso. Yo era entonces el instructor y no podía mirar para otro lado. Muchísimo interés. Si se acreditaba que ese señor era socio de la pareja de la juez todo era un disparate como la copa de un pino", ha señalado.
El empresario Miguel Ángel Ramírez ha declarado que el juez Alba le dijo en su despacho que quería acabar con la carrera de su compañera Victoria Rosell y que él se prestó "al juego" porque lo había amedrentado de forma "mafiosa".
"Me dijo que quería cargarse a esa hija de puta, a esa cabrona. Eso es lo que se escucha en la grabación. Quería acabar con su carrera judicial y con su carrera política", ha señalado Ramírez, el testigo que aportó la grabación sobre la que giran ahora buena parte de las razones por las que la Fiscalía solicita que el juez Salvador Alba sea condenado a diez años de cárcel por cuatro delitos.
Ramírez ha alegado que, cuando Alba lo citó a una reunión en su despacho, extraoficial, sin su abogado, decidió tomar "medidas de autoprotección", como la de llegar una grabadora camuflada como una llave de coche, e intentó seguir "el juego" a su interlocutor, un juez que lo había amedrentado con prácticas "propias del Chicago de los años treinta". "Una auténtica mafia", ha enfatizado. EFE
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