Ojos de Garza y Tufia confían en que el Estatuto les aleje la piqueta

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Telde.- Ojos de Garza y Tufia tienen un ojo puesto en la marea, y otro en el Senado, donde la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias afrontará este mes de octubre el último trámite para su aprobación definitiva y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿Y a qué se debe tanto interés? A un artículo, a decir de los líderes vecinales de ambos núcleos, que podría blindarles, al menos temporalmente, frente a la piqueta siempre al acecho de Costas. Una parte, ni siquiera la mayoría, de las viviendas radicadas en estos dos enclaves invade suelo de dominio público, donde la ley prohíbe expresamente que haya casas, pero es que, además, el Ministerio de Medio Ambiente ya tiene incluso visto bueno judicial, con sentencia firme, para derribarlas en cuanto así lo decida, según relata el diario Canarias7 en una información de Gaumet Florido.

Ese artículo es el 155 y su enunciado: ordenación y gestión del litoral. En su apartado b recoge una competencia que Tufia y Ojos de Garza entienden clave para su supervivencia. Reza así: La gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo terrestre, el otorgamiento de autorizaciones y concesiones, las concesiones de obras fijas en el mar, y la gestión del régimen económico financiero del dominio público marítimo terrestre, todo ello en los términos previstos por la legislación general. Y hay otros dos apartados, el c y el e, que también les incumben y que son los que dan a Canarias la competencia para el deslinde de la zona marítimo terrestre (el c), y para gestionar la delimitación de la zona de servidumbre, así como su ordenación y régimen de policía (el d).

Tanto Juan Sánchez, presidente de la asociación vecinal Unidos de la playa de Tufia, como Juan Pedro Pérez, de Playgarza, comparten la premisa de que las sentencias ya firmes no tienen marcha atrás, pero creen que el nuevo estatuto abre la puerta a que el Gobierno canario tenga voz y voto también en un asunto hasta ahora patrimonio exclusivo del Estado. ¿Para qué? Para otorgarles alguna moratoria temporal, y, si fuera posible, avanzar hacia su definitiva legalización.

«Nos sentimos más tranquilos si estamos más en manos de Canarias que de Madrid». Así lo explica Juan Pedro Pérez. Y no es solo una cuestión de la cercanía del lugar donde se tomen las decisiones. Ambos colectivos cuentan con un documento que les invita a la esperanza. Sus dos líderes firmaron en 2016 una especie de protocolo de cooperación con la consejería regional de Política Territorial, suscrito al máximo nivel, con la mismísima consejera, Nieves Lady Barreto, con el objetivo de trabajar por la defensa de los afectados por la Ley de Costas en Canarias. Y ese documento ya advertía como objetivo prioritario lograr que, como ya ocurría con Cataluña y Andalucía, el Estado transfiriese a las islas las competencias de autorización y gestión del dominio público marítimo terrestre. Este paso podría estar resuelto en el nuevo Estatuto. Pero antes debe aprobarse.

Juan Pedro Pérez se jubila

Cierre de etapa. De aprobarse el estatuto, Juan Pedro Pérez dará un paso a un lado. Lleva como presidente desde que se constituyó Playgarza, en 1978, pero ya lo fue de la gestora, por lo que suma 40 años de lucha. En sus inicios le tocó pelear para asfaltar el acceso a la playa, inscribir las casas en el catastro, dotarlas de saneamiento y suministro eléctrico, hacer la ermita... Y ahora podría culminar una batalla de 20 años por salvar al barrio de Costas. Entonces cerrará una etapa.

Fuente: Canarias7 / Texto Gaumet Florido.