La empleada del Banco Santander en Telde confiesa y deposita en el Juzgado los 65.000 euros que detrajo a clientes

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Telde.- La empleada que entre 2006 y 2012 estafó al banco en el que trabajaba, primero en Telde y luego en la capital, reconoció los hechos y consignó en el juzgado los 65.000 euros que el peritaje judicial sostiene que detrajo de la entidad, aunque ella solo admite 22.000.

La acusada, V.M.L., que ahora gestiona la franquicia en Canarias de una inmobiliaria, admitió este martes, por boca de su abogado, haber incurrido en un delito de estafa simple, según informa Canarias7 en crónica de Gaumet Florido.

Lo hizo durante la vista oral que por su caso celebró este martes la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y que quedó visto para sentencia. Sin embargo, la fiscal y la acusación particular, que ejerce el Banco Santander, le acusan de estafa agravada. La entidad para la que trabajaba también le atribuía un delito de falsedad de documento privado, pero lo retiró en las cuestiones previas, al inicio de la sesión.

V.M.L., que trabajó entre 2006 y enero de 2012 en una oficina del Santander de Telde, donde llegó a subdirectora adjunta, y entre enero y noviembre de 2012, como directora en otra sucursal de Bravo Murillo, en la capital, abrió cuentas a nombre de amigos y familiares sin que estos lo supieran (así lo testificaron ayer en la sala), a las que vinculaba tarjetas de crédito. Durante esos años se dedicó a hacer disposiciones y reposiciones de dinero con traspasos entre esas cuentas y al margen de los clientes y del banco.

Su letrado, Alberto Hawach, instó al tribunal que presidió el magistrado Carlos Vielba que a la hora de dictar el fallo aplique la atenuante de confesión, realizada ya en abril de 2016 en sede judicial, la de reparación del daño causado, pues ingresó en marzo pasado los 65.000 euros de responsabilidad civil que le pide la fiscal, y la atenuante de dilaciones indebidas. Hawach interesó para su cliente una condena de solamente dos meses de prisión.

El reconocimiento que de los hechos hizo la acusada, que solo respondió a las preguntas de su abogado, tuvo desigual eco entre la Fiscalía y la acusación particular. La representante del Ministerio Público, Eugenia Rodríguez, sí modificó a la baja sus calificaciones. Al aplicarle las atenuantes de reparación y dilaciones indebidas, redujo la petición de pena de 4 a 2 años de prisión, le solicitó una multa de 2.500 euros y 65.906 euros de responsabilidad civil por el dinero detraído.

Por su parte, la letrada de la acusación mantuvo su petición de 7 años y medio de cárcel y una indemnización de 400.000 euros como reparación del perjuicio económico. El informe pericial de parte que presentó el banco la fijaba en al menos 230.000 euros, de los que 140.000 se corresponderían con los movimientos en las cuentas y las tarjetas, y otros 90.000 con la cantidad que el Santander devolvió a un cliente suyo, que ya ha muerto y que tras estallar el caso se quejó de que le faltaba dinero, faltas de las que el banco acusa a V.M.L., pues gestionaba de forma directa sus cuentas.

La acusación trató de probar con las testificales de varios empleados que la acusada pudo aprovecharse de la confianza que tenía en ella este cliente, discapacitado por enfermedad, para sacar dinero sin su control. Pero esos mismos empleados admitieron a la defensa que hasta que estalló el caso, en noviembre de 2012, ese cliente nunca se quejó de que le faltara capital.