TELDEACTUALIDAD
Telde.- La empresa Unelco Endesa procedió el lunes pasado a retirar varios contadores de la comunidad de 130 viviendas sociales de El Caracol “debido a que la empresa pública de viviendas Visocan 'olvidó' cumplir el plazo de dos meses que la eléctrica dio para la reposición de estos elementos”, denuncian varios afectados. Esta situación se produce después del cambio de junta administradora de la comunidad.
La Junta entrante auditó las cuentas y, siempre según su versión, “descubrió una serie de irregularidades, como el impago continuado de recibos de luz y agua, la retirada de dinero de las cuentas sin control alguno y la administración desleal”.
Como ejemplo, aluden al reenganche ilegal de los contadores que por impago habían sido dados de baja por Unelco, pues estos contadores habían sido reenganchados al suministro sin que los vecinos los supieran, motivo por el que se desconocía que habían sido dados de baja. Esta circunstancia ha derivado en una querella contra la anterior junta administradora.
“Todo ello fue puesto en conocimiento de Visocan y se articularon medidas para subsanar todos los daños causados. La empresa pública hizo frente a las deudas - como no podía ser de otra manera, ya que los vecinos cumplieron con sus obligaciones pecuniarias y solo la Junta anterior es responsable del desaguisado-, y se comprometió a reponer los contadores. Encargó a una empresa homologada la revisión y posterior aprobación de las instalaciones con emisión de los boletines correspondientes y una vez hecho todo, a falta de la instalación de un par de contadores, se olvidó del plazo de dos meses dado por Unelco para dicha instalación, y no sólo eso, sino que no se lo comunicó a la junta administradora, de tal manera que la empresa suministradora procedió este lunes a la retirada de los mentados contadores dejando sin televisión y luz a garajes y escaleras a la comunidad”, detallan.
“La empresa pública Visocan parece no tener conciencia de que gestiona con un fin social los intereses de las personas: Les preocupa más que le cuadren las cuentas y parece no importarles que varias familias, donde hay mayores, niños, dependientes, pasen penurias por una gestión incompetente de lo que debería ser el fin último de una empresa pública: la gestión del bienestar de los ciudadanos que pagamos sus emolumentos”, finalizan varios residentes afectados.


























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