Se archiva el caso de los vales de gasolina de Valsequillo

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Cecilia López, ha decretado el archivo provisional de la causa que investigaba a 18 personas, entre ellas el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, varios concejales del grupo de gobierno y trabajadores de la corporación local, por el presunto uso fraudulento de vales para gasolina sufragados con fondos públicos en este municipio de cerca de 9.000 habitantes de las medianías de la isla de Gran Canaria. 

Según publica CanariasAhora, la instructora asume la tesis defendida por la Fiscalía en su “detallado y exhaustivo” informe y concluye que de las diligencias practicadas desde que se abriera este procedimiento, en el año 2019, hasta la fecha no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de los delitos investigados (malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental) y que, por ello, procede declarar el sobreseimiento provisional de las actuaciones. 

La denuncia inicial partió de dos agentes de la Policía Local que en la actualidad ejercen, en comisión de servicio, en otras localidades. Durante la investigación, la Guardia Civil advirtió diversas irregularidades en la tramitación de los vales para combustible en el Ayuntamiento de Valsequillo entre 2013 y 2018: duplicados, uso por parte de personas ajenas a la corporación, “arbitrariedad” en la confección, firma y entrega de los documentos de pago... La policía judicial detectó un desfase de algo más de 55.000 euros entre la cantidad pagada y la asignada en los presupuestos municipales durante esos ejercicios con esa finalidad. De 26.620 a 82.283 euros. 

El auto de archivo remarca que el Ayuntamiento de Valsequillo mantenía desde los años noventa un acuerdo con una estación de servicio, la de Los Almendros, para el repostaje en sus instalaciones de combustible con cargo al erario público a través de unos vales que debían hacer constar la persona que los utilizaba, el vehículo y la cantidad suministrada.

La gasolinera presentaba las facturas a la administración y se procedía al pago, previa conformidad del concejal de área y la fiscalización por parte del interventor. Todos los investigados coincidieron en que no se exigía ninguna justificación documental de los kilómetros recorridos y que las órdenes eran verbales. 

El fiscal apreció una falta de control y justificación de gastos en el uso de estos vales, pero descartó la existencia de un ilícito penal, incidiendo en la “política de cercanía” que se practica en pequeños municipios rurales como Valsequillo, que implica que los miembros del grupo de gobierno deban recorrer “una gran cantidad de kilómetros” y que el ejercicio de sus funciones no esté sujeto a horarios ni encorsetado “en desplazamientos fijados de antemano”. “La improvisación del día a día” marca una actividad pública que se realiza “en múltiples localizaciones”, destacaba en su informe el representante del Ministerio Público. 

La instructora señala que los servicios derivados de los desplazamientos que generaban el gasto de combustible “se prestaban de forma efectiva”, siendo “operaciones autorizadas con el patrimonio autorizado”. Para la jueza, no ha quedado acreditado, a partir de las diligencias practicadas, un uso de ese instrumento público para fines particulares, aunque coincide con el fiscal en que es “innegable que existía una falta de control en el uso y disfrute de esos vales, una falta de justificación de los kilómetros recorridos y de la actividad desarrollada en muchos casos”. Sin embargo, no se ha demostrado “el desvío a un uso ajeno a la función pública”. 

En esta causa también estaban investigados la secretaria del Ayuntamiento, el interventor, el arquitecto técnico y el responsable de personal por un presunto delito de falsedad documental. Según la jueza, tampoco en este caso se ha acreditado “que hayan faltado a la verdad de forma deliberada y consciente” en relación con las labores de control y fiscalización de los decretos de autorización de pago, por lo que entiende que debe ser el procedimiento administrativo correspondiente el que dilucide la procedencia o improcedencia de esos abonos.

Con respecto al alcalde de Valsequillo, el auto señala que, aun siendo el máximo responsable del control y funcionamiento de todas las áreas del organismo público y, por tanto, también del gasto de combustibles, en mayo de 2015 delegó la función de reparto de los vales en los concejales de las diferentes áreas, manteniéndose Francisco Atta en Hacienda. Tampoco aprecia en su actuación la comisión de un delito de prevaricación, ya que los decretos y demás resoluciones de autorización de gasto “no pueden calificarse de arbitrarios”, ya que iban precedidos de un informe técnico y de una propuesta del concejal correspondiente. 

El auto no es firme. Se puede recurrir en reforma (ante el mismo juzgado) o en apelación (ante la Audiencia Provincial de Las Palmas).