Sancionan a un bombero forestal por hablar con la prensa durante el incendio de Valleseco

TELDEACTUALIDAD

Las Palmas de Gran Canaria.- La Asociación de Trabajadores de la Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (ATBRIF) ha denunciado que la empresa pública Tragsa ha sancionado con dos días de empleo y sueldo a su presidente, destinado en León, por hacer declaraciones a la prensa durante el incendio de Valleseco, en sus horas de descanso.

En protesta por esta sanción, la asociación de trabajadores de las BRIF ha convocado una concentración que se celebrará este miércoles a las once de la mañana ante la sede de Tragsa en León.

Cuando ocurrieron los hechos, el 20 de agosto, el bombero sancionado, Pablo González Moreno, estaba en ese momento movilizado con su unidad, la BRIF de Tabuyo del Monte (León), en el grave incendio que se había declarado en la localidad grancanaria de Valleseco, junto con otras tres BRIF del Ministerio de Agricultura, las de Puntagorda (La Palma), Pinofranqueado (Cáceres) y Daroca (Zaragoza).

En un comunicado, la ATBRIF ha subrayado que su presidente hizo unas declaraciones al diario leonoticias.com, como portavoz de la asociación y representante legal del colectivo de brigadistas.

"Queda mucho curro, pero columna conflictiva no hay en estos momentos", decía González Moreno en esa entrevista, en la que también señalaba que el trabajo de sus compañeros se centraba en ese momento en "la línea negra y la consolidación del perímetro", con la finalidad de evitar que el incendio se reactivase.

La ATBRIF ha defendido que esas palabras "ni expresan ni muestran ningún secreto o confidencialidad que no se pueda consultar en otros medios de comunicación, así como del funcionamiento de las BRIF que se puede consultar en la web del propio Ministerio de Agricultura".

Esta asociación ha sostenido que Tragsa vulnera el derecho constitucional de su presidente a la libre expresión y que sancionarlo por atender a la prensa en sus horas de descanso solo contribuye a "invisibilizar" el trabajo de las brigadas forestales.

"Las BRIF se juegan la vida por cuidar el patrimonio natural de nuestro país y de los bienes y personas que en él habitan y la respuesta de quienes las gestionan es esta: coartar, censurar, amordazar y sancionar a sus trabajadores en vez de cuidar a unos profesionales que siempre dejan el nombre de la BRIF y por ende de sus gestores en lo más alto, gracias a su trabajo, sudor y esfuerzo diario por poco más de 1.000 euros al mes", ha añadido la asociación.

La ATBRIF ha asegurado que lo ocurrido en este caso tiene un precedente que se remonta a 2014, cuando Tragsa sancionó con cinco días de sueldo "a un trabajador que tomó una foto en un incendio y después se publicó en redes sociales de esta Asociación, siendo éste el revulsivo de una huelga que duró 107 días".

Ese conflicto, en opinión de la asociación, dio más fuerza al colectivo "para divulgar y difundir aún más si cabe" su profesión ante "la dejadez" que atribuyen a Tragsa y al Ministerio de Agricultura a la hora de mostrar al ciudadano el trabajo que realizan las BRIF.

"Esta sanción es aún más extraña porque nunca antes a ningún cargo o socio de la ATBRIF, ni a ningún trabajador de la BRIF por ende, se le había sancionado por hacer declaraciones a prensa y podemos citar muchos ejemplos en estos 27 años de historia", ha concluido.

Tragsa alega que incumplió el convenio

Por su parte, el grupo Tragsa justifica la suspensión de dos días de empleo y sueldo al bombero Pablo González por difundir información sobre los trabajos de extinción de un incendio forestal en Valleseco a "León Noticias" sin haberlo consultado previamente, lo que se considera "falta grave".

Así lo ha asegurado el grupo en un comunicado en el que indica que su convenio colectivo precisa que "dadas las particularidades del servicio es necesario guardar el secreto profesional respecto de todas las informaciones relativas al Servicio de extinción de incendios forestales que se conozca con motivo del desempeño de su actividad laboral", sin autorización expresa.

Tragsa, que señala que los trabajos de extinción los llevaba a cabo en el marco del servicio para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha confirmado que la sanción se debe a que "no consultó previamente a ningún responsable de ambas entidades", lo que le hizo incurrir en una falta grave según el convenio colectivo.

Desde el Grupo han subrayado que -dada la reciente aprobación del convenio (publicado en julio en el BOE) y la "inexistencia de mala fe por parte del trabajador"- ha considerado establecer una sanción "mínima de solo dos días de suspensión", para la que además solicitó alegaciones tanto al afectado como al comité de empresa.

Han resaltado que la complejidad de las tarea de las BRIF "lleva implícita la necesidad de mantener un especial cuidado sobre las informaciones que se difunden al respecto del avance de los incendios, ya que estas pueden contribuir a generar confusión entre los ciudadanos, así como a los propios equipos que están trabajando en las tareas asociadas a la extinción". EFE