La Justicia obliga a restituir en su puesto a la directora general de Instituto Medicina Legal de Las Palmas

Fue apartada por pérdida de confianza y a raíz de un informe psicosocial

direojed Jueves, 14 de Febrero de 2019 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia ha estimado el recurso presentado por María José Melián Ramos contra su cese como directora general del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y ha condenado a la Administración autonómica a restituirla en su puesto.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia ha estimado el recurso interpuesto por la médico forense María José Meilán contra la orden del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias que el 13 de abril de 2018 acordó su cese como directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

La sentencia que estima el recurso anula el orden que apartó del puesto a la forense por su falta de motivación, y ordena que la facultativa sera restituida en el puesto. Así mismo, condena a la Administración a abonarle las diferencias salariales dejadas de percibir con ocasión del cese, más los intereses legales.

La sentencia apunta que la facultativa fue cesada en el puesto tomando como base únicamente un informe de una empresa de prevención de riesgos laborales que, asevera, “mal puede puede quedar incorporada como motivación del acto administrativo objeto del recurso”.

“Los motivos del cese”, expone el fallo, “más allá de la rituaria y huera fórmula de la pérdida de confianza incorporada al texto de la orden recurrida, resultaron por completo ignotos para la afectada, generándole ello una indefensión que vicia de nulidad absoluta la orden recurrida”.

La sentencia es susceptible de recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Pérdida de confianza e informe psicosocial

La pérdida de confianza y la existencia de un informe de riesgos psicosociales sobre el Instituto de Medicina Legal, en el que se critica la gestión y el trato dado por Meilán a los trabajadores del centro, fueron los motivos de su cese.

En este informe también se cuestiona la gestión de la subdirectora, Eva Bajo, quien continúa en el cargo, ha indicado el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, quien ha comentado que su destitución "ni se ha propuesto ni se ha acordado".

El informe citado, cuyo contenido fue publicado en algunos medios de comunicación, fue elaborado a instancias de la Comisión de Salud y Riesgos Laborales, integrada por la Dirección General y los sindicatos de Justicia, para conocer el clima laboral existente en el instituto.

Según lo publicado, en este informe se refleja el malestar de los empleados del Instituto de Medicina Legal por su nula participación en la toma de decisiones, por el exceso de trabajo y por el poco interés de la dirección hacia los empleados.

Se trata del primer informe de este tipo que se efectúa en el Instituto, que se solicitó en el último trimestre de 2017 y se concluyó el pasado mes de marzo.

La plantilla del instituto está integrada por 54 trabajadores, de los cuales 26 son forenses; ocho, psicólogos; seis, trabajadores sociales, un educador social y trece administrativos.