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Telde.- El presidente de NC, Román Rodríguez, ha asegurado que no ha tenido "nada que ver" en el expediente por el cual el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por su partido, ha comprado suelo rústico a su familia por cuatro millones de euros y ha invitado a recurrirlo a quien se sienta perjudicado.
El diario La Provincia publica este viernes que el consejo de gobierno insular acordó el 28 de diciembre comprar por cuatro millones de euros tres fincas en el macizo de Amurga con una superficie total de 446 hectáreas a familiares de Román Rodríguez, en concreto a su esposa y a varios de sus cuñados.
"No he tenido, por supuesto, nada que ver en ninguna fase de ese proceso realizado por los servicios técnicos de la Administración insular. Un procedimiento que confío haya cumplido con la normativa vigente", señala el líder de Nueva Canarias, en un comunicado.
Rodríguez explica que los terrenos a los que ha comprado el Cabildo de Gran Canaria en esa zona de cumbre de los municipios de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana "son propiedad de un grupo de 22 personas, fruto de la herencia familiar".
El político nacionalista confirma que entre esas personas está su esposa, Myriam González, con la que lleva casado 30 años, pero precisa que las propiedades heredadas de su mujer "no forman parte de los bienes gananciales" del matrimonio.
"Se trata de suelo rústico que el Cabildo de Gran Canaria adquiere, como hacen otras corporaciones insulares de las islas, con el fin de proceder a su reforestación y a la conservación medioambiental de la isla", señala.
El presidente de NC argumenta que, "tal y como ha explicado el Cabildo", ese suelo ha sido adquirido "mediante un procedimiento de convocatoria pública reglado, en el que la institución pública fija las condiciones y el precio, pudiendo participar en el mismo quienes quieran concurrir previa aceptación de las condiciones establecidas en la citada convocatoria pública".
Y añade: "Como ocurre en un estado de derecho, quienes entiendan sentirse perjudicados por la misma pueden y deben recurrir en los tribunales". EFE
Comunicado íntegro de Román Rodríguez
Estimados medios de comunicación:
Ante todo un cordial saludo. Me dirijo a ustedes, a título personal, en el más profundo de los respetos que me merece la labor que desarrollan y con ocasión de una información publicada en la edición de hoy viernes, 18 de enero; en los diarios de Prensa Ibérica en Canarias, La Provincia y La Opinión de Tenerife, titulada El Cabildo compra fincas de la familia de Román Rodríguez por cuatro millones.
Con respecto a la vinculación de mi persona con los terrenos adquiridos por el Cabildo Insular de Gran Canaria en Amurga, situado entre los municipios de San Bartolomé y Santa Lucía (de Tirajana), quisiera aclarar lo siguiente:
- Los terrenos a los que se refiere la información son propiedad de un grupo de 22 personas, fruto de la herencia familiar. Una de ellas es Myriam González, con la que llevo casado 30 años, y cuyas propiedades heredadas no forman parte de los bienes gananciales.
- Se trata de suelo rústico que el Cabildo de Gran Canaria adquiere -como hacen otras corporaciones insulares de las islas- con el fin de proceder a su reforestación y a la conservación medioambiental de la isla.
- Esta adquisición, tal y como ha explicado el Cabildo, se hace mediante un procedimiento de convocatoria pública reglado, en el que la institución pública fija las condiciones y el precio, pudiendo participar en el mismo quienes quieran concurrir previa aceptación de las condiciones establecidas en la citada convocatoria pública.
- No he tenido, por supuesto, nada que ver en ninguna fase de ese proceso realizado por los servicios técnicos de la Administración insular. Un procedimiento que confío haya cumplido con la normativa vigente.
- La información sobre los detalles de este expediente corresponde a la Corporación insular y a ella deben dirigirse quienes deseen legítimamente ampliar los datos sobre el procedimiento adoptado y sus decisiones, como corresponde legalmente. Asimismo, como ocurre en un estado de derecho, quienes entiendan sentirse perjudicados por la misma pueden y deben recurrir en los tribunales.
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