CCOO dice que los políticos grancanarios usan el Consorcio de Emergencias como un "cortijo"

TELDEACTUALIDAD

Telde.- Los representantes de Comisiones Obreras (CC.OO.) en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria denunciaron este martes el "bajo nivel" de los políticos grancanarios en materia de seguridad, "una carencia que los lleva a comportarse de forma caciquil y a convertir" este organismo "en un "cortijo".

Los representantes sindicales de CC.OO. realizaron estas manifestaciones a raíz de reciente rueda de prensa de parte de los alcaldes que forman parte del Consorcio en el que culparon a los propios bomberos de la falta de personal en los servicios.

A juicio de los trabajadores, "declaraciones de este tipo ponen de relieve el caciquismo local y la forma en que los alcalde tratan a la ciudadanía y a los trabajadores, diseñando un modelo de gestión en el que la seguridad de la ciudadanía, turistas e intervinientes no es segura en absoluto".

Para la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias, "la forma en que se dirige el Consorcio de Emergencias es más propia de unos mercachifles de la política que quieren repartirse el botín como si de su virreinato se tratase".

Así, denuncian la "configuración megalómana" del Consorcio, "donde existen casi más políticos dirigiendo que bomberos de guardia".

Entre otras cuestiones, los trabajadores ponen la lupa sobre las "flagrantes" infracciones de la legalidad vigente. Así, ponen de relieve la "nula voluntad" de la aplicación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, donde se recoge expresamente que el régimen jurídico al que deberían estar adscritos los bomberos del Consorcio desde el año 2016 es el del Cabildo, "no entendiendo como hoy en día el presidente Antonio Morales no aplica una ley básica de obligado cumplimiento, dejando que los alcaldes, con el dinero de todos, dirijan un servicio público y esencial".

Asimismo, señalan que la Ley 45/15 de voluntariado señala claramente que "la realización de actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las Administraciones Públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios Públicos a los que están obligados por Ley". Contraviniéndola, aseveran, "los responsables políticos se empeñan en implantar un modelo de voluntariado que pondría en riesgo la seguridad de la isla".

Respecto de la Ley de Prevención y Riesgos Laborales, su no aplicación ha provocado una prestación del servicio en precario, aumentando el riesgo y la carga de trabajo de tal modo. Así, desde el año 2014 hasta la actualidad se han producido diez incapacidades por accidente laboral. Ha sido la Inspección de Trabajo la que ha tenido que obligar al Consorcio a subsanar los defectos, insisten.