El Supremo confirma las condenas y prácticas corruptas del Caso Paraíso

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Las Palmas de Gran Canaria (Efe).- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 5 años de cárcel y 24 de inhabilitación impuesta por la Audiencia de Las Palmas a Francisco Guedes García, exconcejal de San Bartolomé de Tirajana, por dos delitos de cohecho y uno de prevaricación cometidos en el llamado Caso Paraíso. 

También han sido ratificadas las penas de 1 año de cárcel y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exalcalde del mismo municipio José Juan Santana, que cuando ocurrieron los hechos también era concejal, por delitos de prevaricación y de infidelidad en la custodia de documentos. 

La Audiencia Las Palmas condenó, además, al arquitecto del Ayuntamiento, Fernando Rivero Espino, a 3 años de prisión por un delito de falsedad en documento público; al funcionario Antonio Muñiz a 2 años de prisión; al director general de la empresa Mazzoti, Alejandro Navarro, a 1 año y medio de prisión; y a los administradores de la empresa Hernández Perera, Antonio Hernández y su hijo Antonio Esteban Hernández, a 1 año de prisión a cada uno por un delito de cohecho.

El Alto Tribunal confirma ahora en su integridad la sentencia de la Audiencia Provincial, al desestimar los recursos promovidos por las defensas de Antonio Muñoz González, Francisco Guedes García, Alejandro Navarro Miñón, Fernando Rivero Espino y José Juan Santana Quintana.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, "el Supremo concluye que los condenados realizaron actuaciones dolosas con conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para realizar el acto en beneficio de una persona y con evidente perjuicio" de terceros.

En concreto, la Audiencia de Las Palmas consideró probado que los empresarios Alejandro Navarro, de la constructora Mazotti, y Antonio Hernández Rodríguez y Antonio Esteban Hernández Perera, de Construcciones Hernández Perera SL, sobornaron a concejales y técnicos del principal municipio turístico del sur de Gran Canaria para obtener un trato de favor por parte del Consistorio.