El Cabildo retirará el amianto de Tufia y Aguadulce; y abre un censo para las viviendas

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El Cabildo de Gran Canaria será finalmente quien retire los peligrosos restos de amianto que subsisten en los enclaves naturales de Tufia y Aguadulce; y también abre un censo para aquellos vecinos de Telde y de los otros municipios de la Isla que guarden en sus viviendas elementos de uralita o asbesto (bidones, planchas, jardineras, tuberías, etc...) adviertan de su presencia y así poder organizar una campaña de retirada a nivel insular.

Las alarmas saltaron hace cosa de dos meses, cuando se descubrió que en el entorno de la playa de Aguadulce, dentro de los límites del espacio protegido del Sitio de Interés Científico de Tufia, todavía existen restos de amianto de las viviendas que se derruyeron en 1985. Tras un cierto desconcierto inicial, y después de negarlo en un principio, el Ayuntamiento de Telde puso sobre aviso al Cabildo de Gran Canaria, dada la falta de recursos económicos para proceder a la retirada por sus propios medios.

Ahora, después de esperar un tiempo prudencial por si los dueños del suelo se decidían a acometer esta tarea por iniciativa propia, la Institución cabildicia actuará de oficio y hará acopio de este peligroso material.

A partir del próximo lunes, y dentro de una campaña de choque a nivel insular, la Consejería de Medio Ambiente peinará la costa de Tufia y Aguadulce en busca del amianto. Luego actuará en otros lugares públicos de la Isla como Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Moya, Teror, Agaete, Firgas, San Bartolomé de Tirajana o Ingenio. Un cometido, no obstante, que el Cabildo advierte que le compete a los ayuntamientos al encontrarse en "vía pública".

Estos vertidos están ya identificados y han sido recientemente comprobados por los especialistas del Cabildo y por los propios técnicos locales. Respecto al resto de municipios, los consistorios no han informado de puntos con restos de amianto o bien han comunicado la inexistencia de ellos.

Censo de viviendas

En cuanto a los residuos que existen en viviendas particulares, se quiere elaborar un mapa detallado para conocer cuál es la realidad de la isla en lo referente a este material nocivo. Así, el departamento que comanda el consejero Miguel Ángel Rodríguez ha abierto un censo ciudadano con la idea de organizar una segunda campaña de retirada. Para inscribirse en él, se deberá indicar de qué elementos se trata, número de unidades, medida aproximada de volumen o superficie y, a ser posible, si el material se encuentra en una zona accesible o si resulta complejo acceder hasta su ubicación.

Multas de hasta 60.000 euros

El abandono incontrolado de materiales de amianto en la vía pública es uno de los problemas ambientales más importantes en la gestión de residuos de los municipios, tal y como se puso de manifiesto en las reuniones que el Servicio de Residuos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo ha mantenido con los diferentes ayuntamientos de la isla.

El amianto es un material de alta peligrosidad cuando está en mal estado, lo que hace muy costosa su manipulación de manera legal y segura, tanto para particulares, que no pueden afrontar los costes del tratamiento y retirada, como para los distintos municipios de la isla.

El uso del amianto, conocido popularmente como uralita, está prohibido desde 2001. Aún así, en muchas viviendas de la isla todavía existen elementos con amianto como bidones, techumbres o planchas. Este material no es peligroso mientras se encuentre en buen estado. Solo cuando empieza a deteriorarse hay que retirarlo con sumo cuidado, ya que al ser fracturado o desmenuzado forma fibras microscópicas que suponen un serio riesgo para la salud en caso de ser inhaladas.

La retirada del material en mal estado requiere de la actuación de alguna de las empresas especializadas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), lo cual tiene un coste muy elevado.

Por ello hay quien trata de deshacerse del material de forma clandestina y sin seguir ninguna medida de seguridad ocultando los restos en contenedores de destinados a otros residuos no peligrosos, o simplemente abandonándolos en la vía pública y otros lugares, lo cual supone un grave ejercicio de irresponsabilidad que pone en riesgo su salud y la de otras personas.

El abandono o vertido incontrolado de estos materiales supone una infracción medioambiental muy grave, pudiendo dar lugar a imposición de sanciones económicas desde los 30.050,61 euros hasta los 60.101,21 euros.