El juez Alba acusa al presidente del TSJC de presionarle en favor de Ramírez

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Las Palmas de Gran Canaria (Efe).- El juez Salvador Alba ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, al que acusa de haberle presionado para intentar favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez.

El magistrado Salvador Alba fue la fuente "anónima" que contó a la Fiscalía los negocios que la pareja de Victoria Rosell había hecho con el empresario Miguel Ángel Ramírez, según revela él mismo en una denuncia en la que pone en cuestión la imparcialidad de cinco jueces.

Alba ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en la que acusa al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, de haberle presionado en favor de Ramírez, empresario al que investigó por fraude fiscal y contra la Seguridad Social en los meses en los que sustituyó a Victoria Rosell al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Todos esos hechos arrancan a finales de 2014, en plena campaña de las elecciones generales, cuando la Fiscalía de Las Palmas abrió una investigación de carácter "disciplinario" sobre Victoria Rosell, que acababa de dejar su juzgado para presentarse como candidata de Podemos al Congreso, tras haber recibido "en un sobre cerrado anónimo" un contrato suscrito entre una empresa de su pareja y la UD Las Palmas.

En virtud de contrato, la UD Las Palmas, presidida por Ramírez, pagaba 300.000 euros a la empresa del periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell, por arrendarle la explotación una licencia de radio en FM.

En esa denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, Salvador Alba revela que fue él quien puso en manos de la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, el contrato que llevó al Ministerio Público a investigar a Victoria Rosell (en un expediente desestimado primero por el Consejo General del Poder Judicial y poco después anulado por la Sala de lo Contencioso del TSJC).

En ese documento, el magistrado de la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas asegura también que el presidente del TSJC intentó "presionarle" en favor de Ramírez y le dijo que el empresario le estaba investigando y había accedido a su correo electrónico personal.

Añade que, cuando él denunció a Ramírez por falsedad y revelación de secretos, Antonio Doreste le aconsejó que no declarara, que se "pusiera enfermo". Y, según su versión, el presidente del TSJC no se quedó ahí, sino que luego ha "exigido a otros magistrados que desestimen" sus recursos.

Todo ello, añade, en un momento en el que comprobó que alguien le seguía y que un individuo armado con un palo había amenazado a su esposa. 

"Finalmente, y completamente atemorizado por mí mismo y mi familia, accedí a retirar la denuncia contra el empresario Ramírez Alonso, al constatar que el mismo tenía acceso, incluso, a mi presidente del TSJ, a quien empleaba para hacerme llegar sus mensajes y amenazas", relata.

Salvador Alba también pone en cuestión a cuatro magistrados de la Audiencia de Las Palmas: sus compañeros de la sección sexta Emilio Moya y Carlos Vielba y los miembros de la sección primera Miguel Ángel Parramón y Pedro Herrera.

De los dos primeros, dice que son "reconocidos amigos" de Ramírez, que los invita a ver los partidos de la UD Las Palmas en el palco del estadio y que, a pesar de ello, han intervenido en decisiones a la postre favorables para el empresario: como archivar parte de los cargos que figuraban en la causa contra el empresario (delito contable y delito contra los derechos de los trabajadores).

"Dos magistrados reconocidos amigos del empresario investigado archivan la causa al empresario. Eso es cuando menos irregular y (ha sido) permitido por la Fiscalía de Canarias", argumenta.

De Parramón y Herrera, recuerda que acaban de desestimar la recusación presentada por la Fiscalía para intentar apartar a Victoria Rosell de la instrucción de la causa sobre Ramírez. De ellos sostiene que son "reconocidos amigos" de la exdiputada de Podemos y "tienen relación" con Miguel Ángel Ramírez.

Al dirigirse a la Fiscalía General del Estado por falta de confianza en la de Canarias, Salvador Alba sostiene que los hechos que relata en su denuncia "encierran, cuando menos, irregularidades y corruptelas en determinados magistrados que han redundado en beneficio de un investigado, el empresario Ramírez Alonso".

Ramírez cree que el juez Alba "solo quiere enturbiar"

Por otro lado, el empresario Miguel Ángel Ramírez considera que el juez Salvador Alba solo pretende "enturbiar" con su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

"Solo quiere enturbiar. Lo yo que tengo que decir sobre Salvador Alba ya lo dije en el Juzgado", ha manifestado a Efe Ramírez, que en su momento puso a disposición de la Justicia la grabación de una conversación en la que ese juez, presuntamente, le da instrucciones sobre lo que tenía que declarar la próxima vez que lo citara formalmente, con el propósito de perjudicar a la magistrada Victoria Rosell.

Esa grabación constituye una de las principales pruebas de cargo en el juicio que el TSJC ha abierto contra Salvador Alba, para el que la Fiscalía solicita una condena de diez años de cárcel por delitos de prevaricación judicial, cohecho, revelación de secretos y negocios prohibidos a funcionarios.

Ramírez ha señalado a Efe que él no tiene que defenderse de Salvador Alba, sino que será este el que deberá responder ante el TSJC sobre cuál fue su actuación como instructor, por lo que prefiere no hacer más valoraciones.

En octubre de 2016, Ramírez explicó a través de un comunicado que cuando Salvador Alba le convocó a una reunión en su despacho le contó "hechos figurados", adaptándose a lo que pensaba que "quería escuchar", para protegerse, ya que el juez le acababa de imponer una fianza de 35 millones de euros, la más alta de la historia de Canarias, que ponía en riesgo el futuro de sus empresas y de su patrimonio familiar.