Destapan un fraude de 2,5 millones a la Seguridad Social

TELDEACTUALIDAD

Las Palmas de Gran Canaria (Efe).- La Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social han destapado un fraude en Gran Canaria y Fuerteventura de más de 2, 5 millones de euros, mediante el impago sistemático y deliberado de las cuotas de trabajadorses.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, los agentes han revisado 3 expedientes y se ha investigado a 7 personas físicas y 8 mercantiles, de las que resultaron implicadas 7 de ellas, por un fraude de 2.596.627,07 euros al sistema de la Seguridad Social.

Los responsables del delito son principalmente los administradores de las mercantiles, testaferros o personas de su entorno familiar.

Las investigaciones arrancaron a principios de este año mediante un requerimiento a la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), adscrita a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, al haber detectado numerosos casos en los que varios grupos de empresas habían dejado de pagar las cuotas de los trabajadores, presuntamente con ánimo defraudatorio y de apropiación indebida de esas asignaciones.

Una vez confirmada la existencia de que estas irregularidades eran delictivas, por parte de la Sección de Investigación de la Seguridad Social se coordinó un dispositivo policial dentro de la provincia de Las Palmas, que afectó a las poblaciones de Maspalomas y Puerto del Rosario (Fuerteventura), y que culminó con la implicación de los investigados por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas y han aflorado bienes ocultos a través de terceras personas o empresas pantalla, que tenían como fin evitar la ejecución de los bienes localizados.

La diferente casuística utilizada por los responsables de las empresas investigadas estaba orientada a la ocultación de los bienes y titularidades de las empresas.

De esa forma se quebraban las legítimas expectativas de derechos de cobro por parte de los acreedores y se producía una situación de insolvencia irreal.

Principalmente se valían de la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que se transfería la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales de aquella.

Para ello creaban un conglomerado de sociedades denominados "Grupos de Empresas", constituyéndose una empresa principal "limpia" que ostenta el patrimonio y otras descapitalizadas que complementaban la actividad de aquella mediante la sucesiva transmisión de la titularidad de los bienes que pasaban de una razón social a otra, o incluso a empresarios individuales, lo que impedía su localización y traba con el fin de defraudar a la Seguridad Social.

Estas empresas se dedican principalmente a la explotación hotelera, en la que una de ellas realiza las labores propias de esta explotación soportando los gastos propios de la misma -cargas sociales con alta de trabajadores, etc.- mientras se utilizan a touroperadores o compañías en las que se utilizan personas del entorno familiar (testaferros) para ocultar los ingresos o beneficios obtenidos de dicha explotación hotelera.

Como elementos determinantes de la obstaculización de la acción recaudatoria de la Tesorería General, los implicados han utilizado diferentes ardides para traspasar la carga económica entre activos patrimoniales del mismo grupo, utilizando siempre, pese a los cambios de nomenclatura de las sociedades, los mismos centros de trabajo y medios de producción.

Pese a ser conocedores de la deuda, no se solicitó aplazamiento alguno del pago, ni se llevaron a cabo actuaciones encaminadas a la regularización de la situación de las mercantiles deudoras.

Incluso, con una actitud obstructiva ante las reclamaciones de comparecencia o de personación ante los organismos citados, el administrador no mostró actitud colaboradora, ni atendió a las reclamaciones.

Además, mientras permanecía en esta aparente situación de insolvencia, las empresas mantenían de alta a trabajadores en el sistema de Seguridad Social, continuando la mercantil con la consiguiente actividad y la percepción de ingresos en metálico, pudiendo así evadir fácilmente el embargo de los ingresos al realizarse los pagos en efectivo.