Caen dos organizaciones que blanqueaban dinero no declarado de constructoras

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Las Palmas de Gran Canaria (Efe).- La Policía ha desarticuladoen Las Palmas de Gran Canaria y Madrid dos organizaciones que ayudaron a desviar o blanquear unos 12 millones de euros procedentes de beneficios no declarados de “importantes empresas dedicadas a la construcción”.

En un comunicado conjunto, el Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria anuncian además que en esta operación han sido intervenidos o embargados 27 vehículos, 99 obras de arte, 280 propiedades bancarias y once productos bancarios.

La investigación comenzó en 2015, cuando Hacienda detectó un posible fraude de casi tres millones de euros cometido a través de la emisión de facturas falsas procedentes de “importantes empresas dedicadas a la construcción.”

La Policía asegura que, a partir de ese hilo, se han localizado “dos grupos empresariales afincados en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid que habrían recibido de las citadas empresas de construcción una cantidad aproximada de doce millones de euros”.

Parte de esa cantidad, añade, presuntamente se ha defraudado a Hacienda mediante “falsedades documentales”, mientras que el resto ha sido “blanqueado mediante su reintroducción en el circuito económico legal a través de operaciones inversionistas”.

Las dos organizaciones desarticuladas supuestamente “manipulaban las facturaciones de diversas empresas procedentes de ejercicios fiscales anteriores, con el presunto propósito de eludir la acción del fisco”.

Además, se acusa a sus responsables de utilizar a “distintas personas a modo de testaferros como titulares legales de la administración empresarial de sus mercantiles”.

“Estas circunstancias son las que podrían haber convertido a las sociedades mercantiles en herramientas idóneas para el blanqueo de capitales. Algunas de las empresas investigadas pertenecían al mismo grupo, denotando una evidente vinculación económica, comercial y personal de los gestores de estas”, detallan fuentes de la Policía Nacional.

Los investigadores consideran que las empresas incluidas en esta trama se unificaron con el fin de crear un complejo entramado societario cuyos fines eran la expedición y cobro de facturas de dudosa credibilidad y la generación de deudas entre ellas, desplazando un enorme flujo de fondos en efectivo entre ellas.

Como resultado de esta operación, se ha formulado cargos contra once personas por blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental, estafa e insolvencia punible, entre otros delitos.