Ramírez abandonó Gran Canaria a sabiendas de su citación judicial

TELDEACTUALIDAD

Las Palmas de Gran Canaria.- El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por el empresario Miguel Ángel Ramírez contra el auto del mismo órgano que el pasado 19 de abril ordenó su puesta en búsqueda y captura por no haber acudido a la citación para declarar como presunto autor de un delito contra la Seguridad Social.

El magistrado instructor, Luis Galván Mesa, reitera en su resolución que el juzgado se vio obligado a ordenar que las autoridades detuvieran a Ramírez por su “conducta obstativa, contumaz y rebelde, con el consiguiente desprecio a la citación judicial que le fue cursada el día 13 de marzo del año en curso, dado que después de tener conocimiento de la misma decidió marcharse al extranjero, y pese a poder volver en fecha cuatro de abril, lo que le hubiera permitido estar el 19 de abril, prefirió dilatar su declaración”.

La autoridad judicial ratifica la legalidad de su orden -a pesar de que ya “carece de sentido”, pues Ramírez fue detenido y puesto a disposición judicial el pasado miércoles, y desde entonces está en libertad provisional-  al considerar acreditado que desde la notificación a las partes del auto de admisión de la querella del Ministerio Fiscal el 7 de marzo hasta el 19 de abril, fecha fijada para su declaración,  “el mismo tenía conocimiento de su situación, no porque se le notificara (…) a través de su procurador, sino porque consta su citación (…) en el domicilio que dio a efectos de notificaciones”.

“Otra cuestión bien diferente”, expone,  “es que don Miguel Ángel Ramírez no se diera por aludido o notificado, pues en caso de duda, debió desde el 13 de marzo al 19 de abril del año en curso preguntar a su defensa o acudir al órgano judicial para despejar o aclarar cualquier duda”.

"Falta de respeto" hacia la Justicia

Añade el instructor que el hecho de que la defensa de Ramírez manifestara unilateralmente que el empresario iba a comparecer el 26 del presente mes y año “acrecienta más la falta de respeto al llamamiento quebrantado, pues parece que queda a criterio del citado investigado cuando deba recibírsele declaración”.

El auto finaliza recordando que fue el propio Ramírez quien, una vez puesto a disposición del Juzgado el pasado 25 de abril, “pide disculpas a este juzgador y al Ministerio Fiscal, por entender que se produjo un mal entendido con su defensa”.

“Lógicamente”, interpreta el magistrado, con ello Ramírez “ni cuestiona la realidad de la legalidad de su citación, porque ni él ni su defensa en su actuación pueden ir en contra de sus propios actos”.

El auto judicial es susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Ramírez dice que no ha hecho "nada ilegal" y que sufre "una persecución"

Por otro lado, Miguel Ángel Ramírez, accionista de referencia de Seguridad Integral Canaria, defendía el pasado viernes que no ha hecho "nada ilegal", que sufre una "persecución" y que, en las causas que tiene abiertas por fraude a la Seguridad Social, no se le trata "como a un ciudadano más".

"Estoy sufriendo una campaña de acoso y derribo que no me va a amedrentar. No me voy a rendir, ni me voy acobardar. Voy a luchar, porque tengo la razón", ha manifestado Ramírez, que sostiene que si no fuera el presidente de un club de fútbol, la UD Las Palmas, no sería más que "uno de los muchos empresarios que desgraciadamente tienen en este país problemas laborales o con la justicia".

En una rueda de prensa convocada en el estadio de Gran Canaria para valorar las consecuencias del descenso de su equipo a Segunda, Ramírez se pronunció extensamente sobre las querellas que la Fiscalía de Delitos Económicos le ha interpuesto en los últimos años por la política salarial seguida por Seguridad Integral Canaria.

Esta compañía aprovechó la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 para descolgarse del convenio nacional del sector y pactar con su plantilla un acuerdo de empresa con sueldos mucho más bajos que los de su competencia, lo que le permitió ganar numerosas licitaciones públicas convocadas mediante subasta a la baja.

Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó en 2016 ese acuerdo y condenó a Seguridad Integral a pagar a sus empleados los salarios del convenio nacional del sector con efecto retroactivo, lo que llevó a la empresa a declararse en suspensión de pagos.

La Fiscalía aprecia en la política salarial de esa empresa varias irregularidades: en 2014 denunció a Ramírez por un delito contra Hacienda y otro contra la Seguridad Social por un fraude de varios millones de euros consistente en pagar por sistema a su plantilla las horas extras como si fueran dietas, que tributan menos, y ahora ha vuelto a querellarse contra él al entender que ha dejado de cotizar al menos un millón y medio de euros al no abonar los sueldos del convenio nacional.

Ramírez se ha mostrado hoy convenido de que ganará ambos pleitos y ha defendido su derecho a crear una empresa de vigilancia "low cost", a semejanza de lo que pasa en otros sectores.

"Me hace gracia: una compañía aérea puede montar una aerolínea low cost, una compañía de supermercados puede tener productos low cost... Aquí todo el mundo puede tener productos low cost, pero una empresa de seguridad hace un convenio para ser una compañía low cost y es delito", ha argumentado.

Tras enfatizar que desde 2011 no tiene ninguna responsabilidad en la gestión de Seguridad Integral Canaria, de la que dice querer retirar parte de sus inversiones, porque ya "ni pisa" su sede, Ramírez ha insistido en que sufre una persecución, en la que ha incluido directamente a los sindicatos, a las empresas de la competencia y a la Fiscalía y, de forma implícita, al juez que lo puso en busca y captura.

Ramírez sostiene que el Supremo tumbó el convenio de su empresa "por un recurso de la competencia presentado a través de los principales sindicatos del sector" y se queja que la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, le ha puesto ya varias querellas, una de las últimas por un alzamiento de bienes en la que cuestiona su separación matrimonial.

En cuanto al procedimiento que le acaban de abrir, entiende que podía haberse resuelto en vía administrativa, abonando por parte de Seguridad Integral Canaria el millón y medio de euros que la Seguridad Social le reclama en cotizaciones no pagadas.  

Sin embargo, en lugar de eso, ha añadido, se optó por imponer a su empresa una sanción adicional de otro millón y medio de euros -que ha tenido que pasar por el Consejo de Ministros debido a su cuantía, ha enfatizado-, y por abrirle una nueva causa por fraude.

En cuanto al juez que lo puso en busca y captura, ha opinado que adoptó una medida "totalmente desproporcionada", porque además sostiene que él no faltó a ninguna citación.

"Cuando se cita a alguien para acudir a una comparecencia judicial, si no puede acudir, le dan otra fecha y no pasa nada. Lo mío es peor que eso. A mí nunca se me citó y no ha habido ni un medio de comunicación que haya dicho la verdad. Nunca fui citado para acudir al juzgado. Dejaron la citación en Seguridad Integral canaria y yo hace años que no voy allí", ha argumentado.

Ramírez ha anunciado, además, que sus abogados pedirán que ese juez se inhiba en favor del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, porque entiende que el nuevo delito que ahora le atribuyen es el mismo por el que está procesado desde 2014.

Al frente de ese juzgado se encuentra la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell, a la que la Audiencia de Las Palmas acaba de confirmar como instructora de esa causa, al desestimar la recusación formulada contra ella por Hacienda y la Fiscalía.

Ramírez se ha aventurado, incluso, a opinar sobre cuál debe ser el desenlace de ese procedimiento: "La señora Rosell, en diferentes ocasiones y en autos judiciales, ya ha dicho que existe una trama entre la Fiscalía, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria contra Miguel Ángel Ramírez. Eso está escrito, no lo digo yo, sino una juez. Espero que ahora actúe en consecuencia".  

Un fraude de 1,3 millones

Esta nueva investigación que lleva a cabo el Juzgado número 6 de Las Palmas de Gran Canaria se debe a un supuesto fraude cometido contra la Seguridad Social por un importe de 1,3 millones de euros entre los años 2012 y 2013.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, se trata de las cotizaciones que Seguridad Integral Canaria dejó de abonar por los salarios que pagó a su plantilla por debajo del convenio colectivo del sector en esos dos años, más de 1 millón de euros en 2012 y por encima de 300.000 euros en 2013.

El magistrado Luis Galván le ha vuelto a citar para declarar el 9 de mayo, al igual que al administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor Pérez de Armas, sobre estos hechos, que se inician a raíz de una querella presentada por la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos.

Consultada por Efe, la fiscal Ríos ha defendido que Ramírez "no tenía justificación" para no acudir ante el juez cuando fue llamado y que el auto de busca y captura dictado tras su incomparecencia daba "argumentos sobradamente claros y explícitos" que ella comparte "completamente".

La fiscal ha rechazado las alegaciones de la defensa por no haberse presentado ante el juez.

En cuanto a la petición formulada por la defensa de Ramírez para que se traslade la causa al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Ríos también ha dicho que se opone.

El juez Galván ha denegado ya esa petición y un recurso de reforma, por lo que ahora es objeto de recurso de apelación ante la Audiencia de Las Palmas.

Ríos ha defendido que el juzgado que instruye esta causa es competente y ha considerado que son conceptos diferentes a los que se investigan desde 2014 por el Juzgado de Instrucción número 8 contra Ramírez por delitos de fraude contra la Seguridad Social y Hacienda.

Además ha sostenido que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su última reforma, delimita bastante la extensión de los procedimientos para evitar que se alarguen en el tiempo en forma de "macrocausas".