TELDEACTUALIDAD
Las Palmas de Gran Canaria.- El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que resolverá antes de final de año el contrato que tiene suscrito con la empresa Seguridad Integral Canaria para la prestación de varios servicios de vigilancia. Una medida que se produce a consecuencia de la grave situación laboral que desde hace meses soportan los empleados de esta firma vinculada al empresario Miguel Ángel Ramírez, con reiterados impagos salariales.
Según informaba este martes el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, el contrato insular con esta empresa termina en junio y, para realizar una adjudicación a una nueva entidad en ese mes, el Cabildo ya tiene los pliegos redactados y la próxima semana publicará el concurso.
Mientras tanto, negociará con Seguridad Integral Canaria que la resolución de su contrato se produzca en los próximos días y, para que no haya vacío en el servicio, el Cabildo publicará un procedimiento por la vía de emergencia para firmar un contrato con una nueva empresa por los meses que restan hasta la adjudicación definitiva en junio.
La vía de emergencia, apuntan desde la Institución insular, es un procedimiento extraordinario, previsto para circunstancias muy concretas que precisan la aprobación del Servicio de Intervención, que ya ha dado su visto bueno dada la situación.
Tanto la empresa provisional, como la definitiva que resulte del concurso en junio, subrogarán al personal y deberán ajustarse al convenio estatal, subrayaba el consejero.
La fórmula de la cesión a otras empresas fue descartada porque en situación de cuentas embargadas de la compañía, se podría incurrir en alzamientos de bienes. Aun así, el Cabildo ha estudiado la medida que cumpliría con la normativa vigente y permite la resolución en cuestión de días.
Este cambio de empresas en el que trabaja la Institución insular se produce por la preocupación que ha generado el problema en el que están inmersos los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, que, al igual que los del Grupo Ralons, suman varios meses de impagos salariales, algo que “el Cabildo de Gran Canaria no puede aceptar”, aseveró.
A ello se suma la inseguridad de la propia empresa, que ya ha manifestado que quiere abandonar el sector del servicio de seguridad a terceros, por lo que hace varias semanas que el Cabildo trabaja en la resolución de la situación.

























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