Los bomberos acusan al consejero de mentir y advierten con protestas

TELDEACTUALIDAD

Telde.- El sindicato Comisiones Obreras ha criticado las últimas declaraciones que el consejero de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez, ha realizado manifestando que el Consorcio de Emergencias estudia sancionar a algunos bomberos por “dejación de funciones o mala fe” a raíz de las últimas denuncias formuladas a través de los medios de comunicación.

Entienden que lejos de buscar una solución para el conflicto que bomberos y Consorcio mantienen desde hace años, y que tiene como principal escollo la exigencia de de los trabajadores de que se establezcan dotaciones mínimas, lo que hace Rodríguez es “soliviantar aún más la situación”.

Los representantes de los bomberos aseveran que, “lejos de querer solucionar el problema real de los bomberos, que pasa por dotar de suficiente personal a todos los parques”, lo que hace Miguel Ángel Rodríguez “es soliviantar la situación” hasta el punto de que los sindicatos se plantean convocar al colectivo para adoptar las “medidas necesarias”.

Lamentan que el consejero “pretenda mantener siete parques de bomberos abiertos con déficit de personal, sustentando con localizaciones y más precariedad laboral el servicio, puesto que no quieren poner más dinero para más personal y, por supuesto, seguir arañando en las condiciones laborales de los trabajadores con más ampliación de jornada, la obligación de estar localizados y recortes de índole económica”, afirman.

Asimismo, aseguran no salir de su asombro ante “la cantidad de mentiras vertidas por el consejero sobre la situación del Consorcio y de los bomberos grancanarios”, y se cuestionan si esta es “la idea de la felicidad que tenía cuando asumió el cargo”.

La situación del Consorcio no es nueva, añaden, “pues es constante la reivindicación de los bomberos ante la desidia política que deriva en una nefasta operatividad del servicio. La situación se remonta a 2007, cuando el gestor político decide abrir tres parques más a los cinco existentes sin convocar oposiciones. Por lo que la misma plantilla de 200 bomberos que había para cinco parques se reparte entre ocho”.

En este sentido explican que “no había que ser muy inteligente para saber que esto desencadenaría una situación de déficit de personal que ha arrastrado a los bomberos a situaciones de máxima inseguridad, puesto que hasta ese momento las dotaciones en los cinco parques era de ocho a diez por turno y después de la apertura se pasa a solo tres o cuatro”. 

Desde entonces, los bomberos han insistido en la necesidad de dotar de más personal y para ello han convocado dos huelgas, una en 2010 que consiguió sacar una oferta de empleo público de 27 plazas de bomberos y 13 de cabos (40 en total), pero que hasta la fecha “siguen sin ser finalizadas, por lo que es un auténtico despropósito político que se tarden 7 años para finalizar los procesos selectivos con la urgente necesidad que existe”. 

Denuncias y denuncias 
“Por la incapacidad del político a resolver la situación”, sostienen, “la Junta General del Consorcio comienza a recortar las condiciones laborales de los trabajadores con el fin de mantener siete parques con estos graves déficit de personal, aumentando la jornada laboral de los trabajadores en 264 horas para cada bombero al año, o lo que es lo mismo, 52.800 horas más a toda la plantilla conformada por 200 agentes. Por consiguiente se les obliga a cubrir el déficit de personal con estas horas que vienen a sustituir a unos 40 funcionarios, justamente la cifra de los procesos selectivos que están paralizados”.
  
Esto conlleva multitud de denuncias por parte de los sindicatos que en la actualidad se encuentran a la espera de resolución en el Tribunal Supremo. En el caso de que les diera la razón a los trabajadores, el Cabildo, agregan desde CC.OO., tendría que desembolsar hasta 15 millones de euros. “Este es el problema que se ha planteado a Miguel Ángel Rodríguez y que este se niega a abordar”, apuntan.

La “irresponsabilidad política del gobierno del Cabildo actual es tal”, subrayan los bomberos, que el Consorcio de Emergencias mantiene en la actualidad unos estatutos caducados desde hace más de dos años. 

También exponen que las leyes actuales obligan a que en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes la prestación del servicio sea completamente asumida por el Cabildo. Este es el caso de municipios como Santa Brígida, Valsequillo, Artenera, San Mateo, Tejada, La Aldea, Moya, Valleseco, Firgas, Teror, Agaete y Guía que no estaría a pagar los más de 1,2 millones de euros que cada año abonan.

Además, abundan, “se da la paradoja que a razón de habitante por municipio, la media de estas localidades no obligadas frente a los que sí por contar con más de 20.000 habitantes (Telde, Santa Lucía, Agüimes, Ingenio, Gáldar, Arucas y Mogán) es mayor el coste de la prestación.

Los municipios que no están obligados pagan una media de 16 euros por ciudadano y en el caso contrario la aportación se sitúa en  a los 11 euros.