Pablo Rodríguez: "Tenemos soluciones para mejorar los enlaces de La Mareta con la GC-1"

— Cuando se rompió el pacto CC-PSOE se dijo que usted era como el que compra solo un décimo de Lotería y le toca el Gordo completo, porque siendo el único diputado de CC por Gran Canaria pasó a ser vicepresidente. ¿La condición de investigado de Clavijo hace que ahora pueda tocarle otro Gordo y que acabe siendo presidente? ¿Le supone a CC un revés serio esa imputación?

— Pues no. Esa causa judicial tiene mucho de denuncia política, en concreto de Nueva Canarias y Podemos. Hemos escuchado al presidente en este asunto dando la cara siempre y, honestamente, en este caso hay siempre una defensa del interés general. Todo el procedimiento está ajustado a Derecho y lo que se hizo fue rescatar un servicio público para seguir ofreciéndolo al ciudadano. No hay un enriquecimiento ilícito, ni hay un quebranto en la hacienda pública. Por eso tiene que seguir siendo el candidato a la Presidencia y después del 26 de mayo aspiraremos a que siga siendo el presidente.

— ¿Con qué pacto? ¿Con un PSOE con el que ya pactaron y con el que acabaron mal? ¿Un PP que estuvo a punto de entrar en el Gobierno y no lo hizo pero que les apoya? Doy por hecho de que con ASG sí cuentan...

— A CC no se le puede negar la capacidad de llegar a acuerdos. Al menos de intentarlo. Después del 26 de mayo a nadie se le esconde que el escenario será muy diferente y nosotros, en ese escenario, con 70 diputados, trabajaremos en la búsqueda de los acuerdos y del diálogo. No hay líneas rojas, más allá de Podemos, pero no porque pongamos esas líneas rojas con ellos, sino porque nuestra forma de ver el archipiélago es incompatible con la de ellos, y lo mismo con Vox, que quiere suprimir las autonomías.

— ¿No teme arrepentirse de lo dicho si Vox es el diputado 36?

— Mire, no me voy a arrepentir. Seguro. Veremos lo que pasa pero no podemos defender pactar con un partido que, entre otras cuestiones, no defiende la autonomía, porque apuesta por la recentralización del Estado. Y tiene políticas absolutamente retrógradas en materia de defensa de derechos como la igualdad.

— ¿Teme que el fragor de dos campañas enlazadas y tan polarizadas entre derecha e izquierda acabe por barrer a nacionalismos como el de CC?

— Es verdad que las generales no se nos dan tan bien como las autonómicas y municipales. Pero también es cierto que estas elecciones son únicas al celebrarse un mes antes de las autonómicas, porque ponen en valor la necesidad de contar con una fuerza canaria que no esté supeditada a las directrices de Madrid y que no esté atada de manos para defender los intereses de Canarias. Se ha notado en el trabajo de Ani Oramas en el Congreso, en el de Marimar [Julios] y Pablo [Rodríguez Cejas] en el Senado, y también cuando la aritmética nos ha hecho imprescindibles para aprobar los presupuestos del Estado. No es casual que en esta legislatura se hayan aprobado el REF y el Estatuto. Eso ocurrió porque había que contar con los votos nacionalistas.

— Estamos efectivamente en precampaña y usted comparte trinchera con Bravo de Laguna y Nardy Barrios. ¿Es que no había banquillo en CC?

— Lo que hay son muchos procesos electorales y tenemos la oportunidad de poner a muchas personas cualificadas al frente de las candidaturas. Esto no tiene nada que ver con la situación política u orgánica de CC; esto se fragua porque vemos una necesidad de generar una alternativa en Gran Canaria, convertida en la isla del no por sistema, donde no se desarrolla nada, donde el sector público no tira y el privado no puede sacar proyectos adelante.

— Esta semana la patronal de Tenerife presentó su informe económico, en el que se apuntaba a la obra pública para compensar el descenso del consumo y la caída del turismo. ¿Tenemos una maquinaria autonómica engrasada para hacer frente al reto de gestionar todo el dinero del convenio de carreteras?

— Lo que hemos hecho en estos dos años ha sido dotar a la administración autonómica de los recursos necesarios para afrontar ese reto. Con la tasa de reposición al 0% se perdió mucho personal, mucha masa gris, y eso ha infradotado a la consejería y a todas las administraciones. Ahora ya hemos estructurado la consejería con jefaturas que no existían para carreteras y se ha ganado músculo. En este momento ya tenemos 600 millones de euros de inversión ya listos y en el próximo mes sacaremos más proyectos y llegaremos a 800 millones, que es más del 50% de los fondos del convenio. Lo vamos a dejar bastante encaminado.

— En carreteras ¿las prioridades las marca usted o Carlos Alonso?

— No creo que fuese una prioridad para Carlos Alonso la carretera de La Aldea, y lo cierto es que se adjudicó la segunda fase quince días antes que el cierre del anillo insular en Tenerife. Ha sido más bien el empeño de este equipo, tampoco exclusivamente de este consejero. Lo que sí es cierto es que con todos los presidentes de cabildos, o con casi todos, tengo una relación fluida que hace que pactemos las prioridades de cada isla, porque entiendo que quien gobierna la isla debe tener bastante interés en por dónde empezamos y por dónde terminamos.

— Con «casi todos» ¿quiere decir...?

— Con todos menos Antonio Morales, que jamás me ha llamado.

— Entonces, que haya atascos casi todos los días en Telde en la GC-1 o en el tramo Belén María-Julio Luengo, en la capital, ¿es culpa de su consejería, de Antonio Morales, de los ayuntamientos o es una maldición divina sin arreglo?

— Asumamos que la solución del transporte no consiste solo en hacer carreteras. Esto tiene mayor calado: Gran Canaria tiene un parque móvil de 700.000 vehículos y eso es insotenible en un territorio insular y limitado, con gran parte de ese territorio protegido. Pero tenemos proyectos para soluciones en Julio Luengo, para reordenar Belén María y también para la mejora de enlaces en La Mareta, en Telde.

— Hablemos de movilidad pero hacia fuera. Vino el presidente de la Comisión de Mercados y Competencia y alertó sobre los efectos de la bonificación del 75%. ¿Supone eso que le dan la razón a usted cuando planteó que había que buscar otras fórmulas?

— Nosotros pusimos sobre la mesa un informe que lo trasladamos a todos los grupos políticos y a Fomento, que defendía que el 75% era una medida importante pero que tenía unos riesgos, porque parte de ese esfuerzo presupuestario se podía trasladar no al precio sino a la cuenta de resultados de las compañías. Y había que estar vigilantes si esa era la solución. Por eso, cuando se aprobó el 75%, que lo que hace es igualarnos al resto de ciudadanos del Estado, dijimos al Ministerio de Fomento, que es el órgano regulador, que tiene que transparentar los datos del Observatorio de Precios. Es la mejor manera de que los ciudadanos hagan un control sobre los precios y que podamos ver si el 75% está yendo a precios o a la cuenta de resultados de las compañías. A día de hoy no nos han dicho por escrito por qué no lo transparentan. Por otro lado, si la Comisión de la Competencia tiene indicios de subidas artificiales de precios, lo que debe hacer es denunciarlo y el órgano regulador perseguirlo.

— Hablemos de la ampliación del muelle de Agaete. ¿Los fondos comunitarios están asegurados?

— Plantear que una administración como la canaria pueda hacer una licitación sin tener asegurada la financiación es pensar que esto es la tienda de aceite y vinagre de la esquina, con todos los respetos a esas tiendas. La Intervención no lo habría autorizado si esa financiación comunitaria no estuviese garantizada. Se ha sacado de contexto por la oposición, que es legítima, a la ampliación pero tengo que recordar que antes del último debate del estado de la nacionalidad, todos los grupos, salvo Podemos, me pedían que la agilizáramos.

— ¿Pero es una obra necesaria para el interés general, para una compañía marítima concreta o para las empresas que hacen la obra?

— Es una obra necesaria, considerada de interés general, y porque lo es para consolidar el plan regional de movilidad. Es una oportunidad además para el norte de Gran Canaria, que no puede seguir dependiendo solo del sector primario o verse condenado a huir para vivir todos en la capital grancanaria o en el sur. Esto es un polo de atracción que han defendido todos los alcaldes del norte y todos los partidos, porque en el último debate ni el PSOE votó a favor de la resolución de Podemos en contra de la ampliación.

Fuente: Texto de Francisco Suárez Álamo/C7.