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Domingo, 14 de Diciembre de 2025

Actualizada Domingo, 14 de Diciembre de 2025 a las 20:46:04 horas

La política teldense Carmen Hernández, durante su intervención en el Parlamento de Canarias (Foto TA) La política teldense Carmen Hernández, durante su intervención en el Parlamento de Canarias (Foto TA)

Hernández (NC) lanza un llamamiento a la unidad para cumplir con el nuevo Plan de Vivienda

La diputada y vicealcaldesa de Telde apuesta por la coordinación entre el Icavi y Visocan con los cabildos y los ayuntamientos

dojeda Viernes, 04 de Diciembre de 2020 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD

Telde.- La diputada regional y vicealcaldesa de Telde, Carmen Hernández, defendió este miércoles en el Parlamento de Canarias como portavoz de Nueva Canarias el voto favorable de su formación al nuevo plan autonómico de vivienda para el periodo 2020-2025, que fue aprobado con la unimidad del Parlamento.

 

Hernández lanzó un llamamiento a la unidad de acción de todas las administraciones públicas canarias para lograr los objetivos de un programa con el que se recupera un derecho quebrado en las islas desde 2009. La diputada del grupo nacionalista hizo un llamamiento a la coordinación "obligada" entre los organismos gubernamentales del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y Visocan así como con los cabildos y los ayuntamientos para responder a las más de 30.000 familias demandantes de vivienda pública en la comunidad.

 

"Es un momento muy importante porque hay un sector de población muy relevante que necesita una oportunidad de vida, acceder a una vivienda que es la base para construir un proyecto de vida". Con estas palabras quiso la portavoz de NC dejar constancia de la relevancia de comenzar a cumplir con un derecho estatutario y constitucional, que en Canarias se incumplió durante la última década.

 

La portavoz nacionalista valoró el consenso alcanzado en la Cámara al incorporar todas las propuestas de los grupos parlamentarios y el ejercicio "responsable" de los mismos para "mejorar el riguroso" documento base impulsado por el Gobierno autonómico.

 

Carmen Hernández detalló algunas acciones contenidas en este plan. Entre ellas, la continuidad de la rehabilitación de la vivienda pública porque, como indicó, "genera economía y empleo además de contribuir a mejorar la calidad de vida" de los canarios.

 

Abogó por promover el alquiler, en la línea de lo practicado en muchos países de la Unión Europea (UE). En especial, el alquiler de vivienda protegida para las familias vulnerables y quienes teniendo ingresos entre el 1,5 y el 4,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (Iprem) no pueden acceder al mercado privado.

 

Apostó además porque Visocan, herramienta "ágil y eficaz" del Ejecutivo canario, gestione la adquisición de los inmuebles inacabados en la anterior crisis del ladrillo. Esta medida, en su opinión, tiene tres ventajas. Se refirió a la mejora de la imagen urbana de los núcleos poblacionales, la generación de empleo y economía y la posibilidad de disponer, en un plazo corto de tiempo, de un parque público de vivienda para su uso.

 

Para que el nuevo plan sea una "realidad", la parlamentaria de NC consideró que el Icavi y Visocan "están obligados a coordinarse". Una "unidad de acción" que hizo extensiva al resto de las administraciones públicas canarias municipales e insulares. Apostó por "sacar un mejor rendimiento" a los consorcios de los cabildos y por utilizar la "profesionalidad y amplia experiencia" en la construcción, promoción y rehabilitación de las empresas públicas de las ciudades metropolitanas de Telde, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.

 

Tras defender la necesidad de aflorar el registro oculto, que elevaría el número de familias demandantes de vivienda pública de los 15.000 oficiales a más de 30.000, Carmen Hernández insistió en la necesidad de que los tres niveles administrativos canarios (Gobierno y corporaciones locales) desarrollen un trabajo "compartido y unidad de acción" para responder a la gente y gestionar una ficha financiera de 664 millones de euros, con los que se prevé disponer de 5.900 viviendas protegidas, en su mayoría destinadas al alquiler.

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