El Gobierno no subirá impuestos y se endeudará en 500 millones

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Santa Cruz de Tenerife.- El Gobierno de Canarias no tiene previsto "ni subir ni bajar" la presión fiscal mientras dure la crisis económica derivada del coronavirus, probablemente hasta 2023, aplazará la creación de impuestos "verdes" hasta superarla y se endeudará en unos 500 millones de euros anuales en el trienio.

Estas son algunas de las consideraciones planteadas en comisión parlamentaria por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quien informó de que, según sus cálculos, el declive de la economía canaria en 2020 estará "más cerca del 20% que del 15%", al igual que la española "estará más cerca del 13% que del 10%".

El uso "bien administrado y temporalizado" del superávit de 4.000 millones acumulados por Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos y las aportaciones adicionales del Estado pueden ser suficiente para compensar en el trienio la bajada de recaudación fiscal de las administraciones, según Román Rodríguez.

Ese superávit, contando además con la actualización de la financiación autonómica y los fondos estatales no reembolsables, permitirían financiar los servicios públicos esenciales, a lo que se sumarían las transferencias del Estado y de la Unión Europea para financiar la reconstrucción de la economía.

Si todo esto no fuera suficiente, se recurrirá a un endeudamiento "moderado, pactado y temporalizado", en torno a un 1,5% del PIB anualmente, es decir, alrededor de 500 millones de euros a partir de 2021.

"Con nuestros ahorros, con las trasferencias del Estado y de la UE y con el endeudamiento estamos en condiciones para resistir la pérdida de ingresos" y para financiar tanto los servicios públicos como las inversiones y ayudas a los sectores económicos, aseguró.

"Esa es nuestra propuesta y la vamos a mantener contra viento y marea", aunque las políticas que finalmente se impongan en la Unión Europea y en el Estado determinarán el escenario para Canarias, matizó.

También señaló que todo depende de la evolución de una crisis sanitaria que "no está resuelta" y que puede "volver a dar un susto" que podría ser "mortal para la economía" si hay que volver al confinamiento total, algo que "no es descartable".

Román Rodríguez destacó que ya se ha abierto "una brecha" en las políticas de austeridad, con la autorización a la Comunidad Autónoma para utilizar los 389 millones de euros de superávit, a los que podrían añadirse otros 500 millones de euros del antiguo convenio de carreteras ejecutado por Canarias, dinero obtenido por sentencia judicial e inicialmente consignado por el Estado también a superávit.

Quedan pendientes de una aclaración de sentencia por parte del Tribunal Supremo otros 500 millones de los fondos de carreteras no ejecutados, que se ha pactado incorporarlo al convenio vigente, que va de 2018 a 2025 por un importe de 1.200 millones.

En cuanto a los denominados impuestos ambientales o "verdes", basados en el principio de "quien contamina paga", el consejero de Hacienda se mostró partidario de no aplicarlos hasta que esté superada la crisis económica, aunque esto se debatirá en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley contra la crisis climática, cuya remisión a la cámara tiene anunciada el ejecutivo regional.

La superación de la crisis llevará "más de un año y de dos", advirtió Román Rodríguez, quien defendió "no tocar la fiscalidad" entre tanto, aunque eso no quita "discutir" sobre esos impuestos "verdes" y aplicarlos "en etapas posteriores".

Para el resto de impuestos, el consejero de Hacienda se mostró partidario de "retocarlos" cuando haya pasado la crisis, si bien no descartó cambios para "mantener el diferencial fiscal" del archipiélago en el caso de que el Gobierno central decida subir el IVA, tal como aconseja la Unión Europea en esta coyuntura.

"Nuestra voluntad es ni subir ni bajar impuestos en estos duros dos años de crisis", porque no solo se espera una caída de hasta el 20% del PIB en 2020, sino que "los escenarios de 2021 no son nada halagüeños", hasta el punto de que si el Gobierno central no actualizara la financiación autonómica como ha hecho este año (con 600 millones de euros extras para canarias) "tendríamos un problema" con los servicios públicos, avisó.

Insistió en que el Gobierno de Canarias "va a resistir sin recortes", para lo cual no va a recurrir a la fiscalidad, sino a los 4.000 millones de euros de superávit, las transferencias que correspondan de España y Europa, a cambios en el REF y "al endeudamiento si es preciso".

Lo que sí descartó Rodríguez fue exonerar del pago del impuesto de sucesiones y donaciones a los familiares de personas fallecidas por covid-19, como le pidió el diputado del PP Fernando Enseñat.

En cuanto a los fondos para la reconstrucción económica, Román Rodríguez afirmó que el Gobierno está comprometido en el apoyo al tejido productivo por la vía de subvenciones, ayudas, liquidez, modificaciones del REF y, sobre todo, buscando recursos estatales y europeos.

Por parte de CC-PNC, la diputada Rosa Dávila exigió al consejero que recupere los 500 millones de euros aún adeudados por el Estado del antiguo convenio de carreteras y exija que no se contabilicen como superávit los otros 500 millones ya reconocidos en sentencia judicial.

"Si eso era importante hace un año, ahora es indispensable", ante la dura crisis económica en Canarias, dijo Dávila.

El diputado del PP Fernando Enseñat manifestó que no cree al consejero cuando asegura que no subirá los impuestos, porque ya subió el IGIC "a las primeras de cambio", además de que tendrá que compensar "lo que debe Madrid" y que el ejecutivo canario es incapaz de recuperar porque es "un gobierno blando".

Si, como anuncia, el Gobierno de Canarias recurre "al endeudamiento masivo", al final esa deuda la pagarán con subidas de impuestos las familias trabajadoras, las clases medias y los autónomos, denunció Enseñat, quien defendió menos impuestos y más ayudas al tejido productivo para salir de la crisis.

La portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, rechazó "castigar" a los canarios con la aplicación de impuestos "verdes" y exigió al ejecutivo que reclame al Estado los recursos adeudados, entre ellos 84 millones en infraestructuras educativas correspondientes a los últimos dos años. EFE