Canarias define una cartera de prestaciones sociales de obligado cumplimiento

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Santa Cruz de Tenerife.- El Gobierno de Canarias definirá una cartera de servicios y prestaciones de obligado cumplimiento por parte de las administraciones, para lo que ha abierto a consulta pública el documento necesario para recoger las aportaciones y sugerencias de la ciudadanía.

Según explica en un comunicado el director general de Derechos Sociales del Ejecutivo canario, Jonás González, este es uno de los pasos necesarios dados por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para poder aprobar el decreto que regulará los servicios y prestaciones garantizadas a la ciudadanía, tal y como marca la Ley de Servicios Sociales.

La Ley de Servicios Sociales configura un nuevo sistema en el cual los servicios sociales pasan de estar condicionados a estar garantizados como derechos subjetivos, y por tanto reclamables por la ciudadanía, poniendo los servicios sociales al nivel de la sanidad y la educación en cuanto a responsabilidad de las administraciones públicas para garantizarlos.

Con este paso, aclara González, se avanza hacia el fin de contar con un sistema del bienestar moderno y garantista, acorde al que ya han desarrollado otras comunidades, y que permitirá tener herramientas para luchar contra las cifras de pobreza y exclusión desde la Administración autonómica, los ayuntamientos y cabildos, garantizando que ninguna persona se quede sin protección social.

Para su desarrollo se ha trabajado “codo con codo con las entidades de la sociedad civil a través de una subcomisión” y con las aportaciones que han sido recibidas desde las administraciones locales.

Así mismo, para la definición de las prestaciones y servicios se cuenta con un equipo multidisciplinar de las Direcciones Generales de Derechos Sociales e Inmigración, Infancia y Familia, Juventud, Dependencia y Discapacidad, y del Instituto Canario de Igualdad.

Dichos servicios y prestaciones serán terminados de definir con las aportaciones de los cabildos y los ayuntamientos, y vendrán acompañados de una ficha económica para garantizar las inversiones necesarias para llevarlos a cabo. EFE