Doreste se despide del TSJC admitiendo que falta agilizar la ejecución de sentencias

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Las Palmas de Gran Canaria.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, ha anunciado este viernes que no se presentará a la reelección tras un mandato "convulso" de cinco años y ha admitido que la celeridad en la ejecución de sentencias sigue siendo una asignatura pendiente.

Así lo ha manifestado Doreste en su intervención en el acto de apertura del año judicial en la provincia de Las Palmas, quien ha estimado que estos retrasos obedecen a la mecánica procesal propia del sistema garantista vigente, al abuso del recurso y a los bruscos cambios normativos que se aprueban sin los medios suficientes para poder llevarlos a cabo, lo que acaba generando una congestión, a su entender, "fácilmente evitable".

El presidente del TSJC, que ha dicho que no aspirará a repetir en el cargo por razones personales y por el "desgaste" que le ha ocasionado el ejercicio de sus funciones en los últimos años, ha destacado que en 2018 la tasa de resolución de conflictos ha subido un 2,6 %, al tiempo que ha bajado un 2,3 % el número de asuntos pendientes de resolución.

Estos resultados muestran, a su entender, una "situación moderadamente satisfactoria", si bien quedan por resolver "bolsas de ineficacia", como las que se detectan en Granadilla y Puerto del Rosario.

Doreste ha agradecido al Gobierno canario, competente en dotar de medios materiales y personales a la Administración de Justicia, que haya afrontado, "por fin", la construcción del nuevo palacio de justicia de Santa Cruz de Tenerife, "retrasado en demasía" y el de Puerto del Rosario.

También ha destacado el presidente del TSJC el esfuerzo que se ha hecho por completar la plantilla de la Administración de Justicia con personal interino.

Antonio Doreste también ha considerado necesario hacer "autocrítica", por lo que ha admitido que en algunos casos se ha detectado, entre los 260 jueces y magistrados de Canarias, "una dedicación insuficiente".

El presidente del TSJC también se ha referido a la actualidad institucional de España para afirmar que el Poder Judicial del país "se enfrenta a la mayor crisis política originada desde el Golpe de Estado" de 1981.

Doreste ha manifestado que el "constitucionalismo es, por sí mismo, una opción política", basada en la defensa de los derechos fundamentales y la soberanía pupular, esto es "en la unidad de España", "que asumen jueces y magistrados" cuando toman posesión.

Además de rechazar que, frente a ese orden constitucional, algunos intenten "descuartizar España", en referencia a la crisis soberanista catalana, el presidente del TSJC ha abogado por que los cambios que se introduzcan en la Constitución Española no se hagan "mediante la rebeldía", ante la que la Fiscalía, ha dicho, actúa como "primera línea de defensa".

Por ello, Antonio Doreste ha manifestado su apoyo a aquellos jueces que en España "afrontan la rebeldía frente al orden constitucional".

El presidente del TSJC ha deseado "un mandato menos convulso" a la persona que le vaya a suceder en un cargo que, según ha dicho, necesita de "nuevos aires".

El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha agradecido a Antonio Doreste la relación "correcta, formal y respetuosa" con la que han trabajado, no sin discrepancias, durante los últimos años y le ha deseado éxitos en sus nuevos cometidos.

De los datos relativos a la memoria 2018 de la Fiscalía, Del Río ha destacado que en ese período se celebraron menos juicios pero se dictaron más sentencias y que el grado de conformidad con lo estipulado por la institución ha sido alta, de entre el 84 y el 91 %.

También ha subrayado que las diligencias de investigación promovidas por el Ministerio Público han crecido un 19,44 % llegando a ser 946.

Luis del Río también ha llamado la atención sobre la evolución creciente que, desde 2015, se detecta en los delios contra la libertad sexual y sobre el repunte que también registran en Canarias los delitos de violencia machista.

El fiscal superior de Canarias ha dicho que los requerimientos de esta institución "son muchos", si bien ha aludido a la necesidad de contar con una oficina de prensa y con un sistema informático que permita trabajar con expedientes judiciales digitales, que se ponga en funcionamiento la oficina de asistencia a las víctimas del delito, que se habiliten más puntos de encuentro familiares y que se dote de más psicólogos al Instituto de Medicina Legal.

Del Río también ha abogado por la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al entender que, como dijo Montesquieu, "las leyes inútiles debilitan a las leyes necesarias".

El fiscal superior de Canarias se ha referido a los incendios que han afectado este verano a Gran Canaria para subrayar, como aspectos positivos relacionados con esta desgracia, la solidaridad ciudadana, la cooperación institucional y la dedicación profesional que dejó patente esta emergencia, que tuvo en vilo a la isla durante semanas. EFE