Siete trabajadores de un centro de menores, acusados de favorecer la inmigración

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Las Palmas de Gran Canaria.- La Guardia Civil ha investigado a siete trabajadores del centro de menores inmigrantes no acompañados de Lanzarote como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, al que se suma, en el caso de uno de ellos, una supuesta revelación de secretos.

Este centro, ubicado en La Santa, comenzó a operar en 2018 por el aumento de la llegada de pateras a las costas de Lanzarote y los meses de mayor ocupación contó con unos 140 inmigrantes internos que eran atendidos por un equipo multidisciplinar formado por 47 los trabajadores, ha explicado este miércoles el Instituto Armado en un comunicado.

La mayoría de los internos permanecieron en el centro a la espera de que se les practicaran las pruebas óseas que determinasen su edad, ya que cuando se decreta la condición de menor se inician los trámites para regularizar su situación administrativa en España y su integración social, mientras que, si se confirma su mayoría de edad, son devueltos a sus países de origen, agrega la nota.

La investigación de este caso comenzó a raíz de las irregularidades detectadas por agentes del cuerpo y los testimonios de empleados y extrabajadores del centro, sobre los que se centraron unas pesquisas policiales que permitieron "concretar indicios sobre el entramado delictivo".

A los trabajadores investigados se les acusa de haber facilitado a internos en varias ocasiones datos sobre el resultado de sus pruebas óseas y ayudarles luego a fugarse del recinto antes de que los fueran a recoger agentes de Extranjería de la Policía Nacional para evitar la devolución a sus países de origen, tal y como establece la legislación española para los inmigrantes mayores de edad interceptados accediendo al país de forma ilegal.

La Guardia Civil detectó también que, en ocasiones, algunos de estos trabajadores presuntamente dificultaron la labor de búsqueda de 42 fugados entre los meses de octubre de 2018 y febrero de 2019, cuando se ordenó el cierre del centro.

Esas dificultades consistieron en aportar datos erróneos cuando presentaban la denuncia por fuga, demorar hasta diez días la comunicación de las fugas, permitir que los evadidos durmieran en el centro sin comunicar su aparición a las fuerzas y cuerpos de seguridad, o esconderlos cuando llegaba la Policía Nacional a recogerlos tras conocer las pruebas óseas.

Además del delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, a uno de los trabajadores investigados se le atribuye la presunta autoría de un delito de revelación de secretos, al ser responsable de velar por la confidencialidad de la información acerca de los resultados de las pruebas óseas de los internos que se le remitía al centro.

Las actuaciones practicadas y los investigados han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Arrecife. EFE