El Supremo confirma las penas para los acusados en el caso Las Teresitas

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Telde.-  El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra los acusados en el caso de las Teresitas, entre ellos el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), condenado a siete años de prisión.

En una sentencia de 558 páginas, el Supremo ratifica también la pena de siete años de cárcel para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, cuatro años y seis meses para el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín Gonzalez y para el funcionario Víctor Reyes y cinco años y tres meses para los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

El caso de las Teresitas, que se remonta al año 2001, surgió tras la compra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del frente de esta playa por un importe de 52,5 millones de euros cuando el precio de tasación era de 19 millones de euros, según los informes municipales. 

El Tribunal Supremo confirma, como falló la Audiencia Provincial en abril de 2017, que hubo una "maquinación orquestada debidamente, y con toda precisión y preparación, de toda una operación urbanística de compra de terrenos por el Ayuntamiento por precio muy superior a su valor real con grave quebranto de las arcas municipales".

En esa operación se incluyó en un convenio urbanístico transferencias injustificadas, esto es, gratuitas y sin causa, de aprovechamientos urbanísticos a la parte privada sin contraprestación alguna y a costa del aprovechamiento público.

En esta operación urdida por políticos, funcionarios y empresarios hubo un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento, según probó la sentencia.

El Supremo confirma además que existió una actuación dolosa de cuatro de los condenados dado su privilegiada posición en el Ayuntamiento y subraya que no se trató de un proceso administrativo más, sino de un claro "proceso administrativo criminalizado". 

El principal condenado es el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, actualmente en libertad provisional, quien debe cumplir siete años de prisión por malversación y prevaricación, lo mismo que el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, del mismo partido.

Sobre los dos empresarios involucrados, Antonio Plasencia, expresidente de la patronal de la construcción provincial (Fepeco), e Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, recaen penas de cinco años y seis meses, por malversación y prevaricación.

Los mismos delitos recaen sobre los entonces funcionarios de la Gerencia de Urbanismo José Tomás Martín y Víctor Reyes, que deberán cumplir cuatro años y medio el primero y cuatro años el segundo.

Respecto a estos dos condenados, el Supremo acepta parcialmente su recurso en cuanto a la pena de inhabilitación especial y lo referido a la fecha a partir de la cual se computan los intereses como responsables civiles. 

Los acusados deberán indemnizar al Ayuntamiento con 52,5 millones de euros por la operación de compraventa del frente de playa y por 9,1 millones por la plusvalía generada por la recalificación de las propiedades privadas de la parte trasera, más los correspondientes intereses.

El Alto Tribunal considera que el convenio de compraventa del frente de playa "encarna el resultado de la actuación arbitraria, contraria a la legalidad y al interés público" llevada a cabo por Zerolo, Parejo, Reyes y Martín, que cometieron "delitos de prevaricación y malversación en una actuación concertada" en la que también participaron los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.

En concreto, sobre el exalcalde Zerolo, la sentencia afirma que era conocedor de la manipulación del precio de compra y que hay indicios de su papel directivo en la operación.

Los dos empresarios adquirieron en 1998 los terrenos del frente y de la trasera de la playa de Las Teresitas por 33 millones de euros, con un préstamo de CajaCanarias cuestionado por el Banco de España y otorgado "en condiciones extraordinariamente llamativas".

El crédito era el más elevado de la historia de CajaCanarias y se concedió sin estudios previos a la sociedad Inversiones Las Teresitas, propiedad de los dos empresarios, uno de ellos, Ignacio González, consejero de la entidad de ahorro.

Una parte de esos terrenos, once parcelas del frente de playa con un valor de mercado de unos 20 millones de euros, fue adquirida por el Ayuntamiento en 2001 por 52,5 millones, mediante un convenio en el que además se trasladaba el aprovechamiento urbanístico a las parcelas de la trasera de la playa, que quedaron en manos de los dos empresarios y que fueron vendidas posteriormente por 90 millones.

La transferencia del aprovechamiento urbanístico y el cambio de uso de parte del suelo privado se realizaron "a título gratuito, a costa del interés público y sin contraprestación de ninguna clase", según la sentencia.

En el expediente del convenio urbanístico fueron omitidos tres informes de tasación emitidos por la Universidad Carlos III, la arquitecta municipal Pía Oramas y la empresa Pool Gest, que valoraban los terrenos en torno a 20 millones de euros.

Solo se incluyó la "valoración mutilada" de Sociedad de Tasación, por 47 millones de euros, así como un informe de Tinsa que lo elevaba hasta 60 millones.

El Ayuntamiento tuvo que hacer una modificación presupuestaria para que la gerencia de Urbanismo pudiera hacer frente al pago de los 52,5 millones de euros.

Según la sentencia, los acusados consiguieron todos los informes favorables para tramitar el convenio, que fue aprobado por unanimidad de los grupos políticos.

Sin embargo, "no consta que los concejales que votaron favorablemente", con la excepción de Zerolo y Parejo, "fueran conocedores o partícipes del plan urdido, pues obraron en consonancia con los informes técnicos y jurídicos que acompañaban al expediente".

La compraventa de las once parcelas del frente de playa fue anulada por el Tribunal Supremo en mayo de 2007 por las irregularidades en los informes de valoración.

El caso de Las Teresitas se tramita desde enero de 2007, cuando se presentó la querella por parte de la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez. EFE.