En Canarias hay 1.935 menores de edad con medidas de protección por desamparo

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Santa Cruz de Tenerife (Efe).- En Canarias hay 1.935 menores de edad con medidas de protección por su situación de desamparo, de los que 864 viven en residencias y 1.071 en acogimiento familiar, según los datos facilitados hoy por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, en una comparecencia parlamentaria.

La diputada de Podemos María del Río, que interpeló a la consejera sobre este asunto, puso de relieve las dificultades de esos menores desamparados en estos centros, la mayoría concertados, donde carecen en muchos casos de la atención adecuada y la terapia precisa por falta de medios.

Eso en ocasiones deriva en situaciones extremas en las que se dan casos de niñas "secuestradas, drogadas y prostituidas", a pesar de que la tutela corresponde a la Comunidad Autónoma, denunció.

La diputada de Podemos lamentó la falta de trabajadores en esos centros, los bajos sueldos, la falta de motivación y de formación y la precariedad laboral.

"Ponemos lo más sensible de la sociedad en centros concertados", dijo María del Río, y defendió que los centros sean públicos, con trabajadores suficientes y reconocidos para que la administración cumpla su función y no la delega en empresas, dijo la diputada de Podemos.

Cristina Valido defendió que Canarias tiene un buen sistema de protección al menor en el que el acogimiento familiar es la prioridad y está por encima de la media nacional.

Cuando un menor en desamparo se queda con su familia extensa, esta recibe una ayuda pública de entre 7 y 25 euros diarios, dependiendo de su situación económica, mientras que si el acogimiento es en una familia ajena la ayuda sube a 20 euros diarios.

Valido señaló que se van a revisar estos precios, que han estado congelados durante la crisis, lo mismo que confió en que se puedan ir contratando más profesionales una vez que se han rebajado las restricciones a la contratación pública.

La consejera indicó que el Gobierno de Canarias aporta 25 millones de euros anuales a los cabildos para la gestión de los hogares, porque la guarda de los menores está delegada en las corporaciones insulares.

Explicó que son los técnicos municipales en colaboración con la Dirección General de Protección al Menor los que derivan los casos de desamparo que se detectan a familias de acogida o a un centro, aunque siempre se intenta conseguir una familia, si bien el objetivo último es que el menor pueda regresar con su familia original cuando la situación que ha dado pie al desamparo se corrige.

Valido indicó que no hay ningún menor de tres años en centro residencial, donde la mayoría son adolescentes, que en muchos casos arrastran problemas de comportamiento o de consumo de drogas y cuyo comportamiento es muy difícil de controlar.

"Es imposible que entre tantos menores en edades complicadas no hayan incidentes que trasciendan a los medios", aunque son muy minoritarios, dijo Cristina Valido.

Todo es mejorable, pero en una década se ha pasado de los macrocentros de menores a pequeños hogares especializados y a hogares de acogimiento, reivindicó Cristina Valido, quien anunció que ahora se está avanzando en mejorar la atención de los adolescentes con problemas complejos, en algunos casos de salud mental.