Expectación en los juzgados por el juicio a los cuatro detenidos en un desahucio en Jinámar

Telde.- Expectación en los Juzgados de Telde ante el juicio de faltas al que se tienen que enfrentar esta mañana los cuatro detenidos el pasado miércoles en un desahucio en el Valle de Jinámar. La residente en la vivienda y los tres activistas que se esposaron a los barrotes de la ventana y se negaron a abandonar la casa serán juzgados por desobediencia y resistencia a la autoridad.

 

En el exterior del inmueble de San Juan se ha desplegado la Policía Nacional con varios furgones y un gran número de agentes, incluidos los protagonistas del incidente que tienen que prestar declaración, alrededor de 15. También se encuentran efectivos dotados de chalecos antitraumas apostados en el recinto, además de medios de comunicación para cubrir la noticia y miembros de plataformas ciudadadas como Telde Responde.

 

La abogada de los detenidos, Concepción González, les explicó antes de entrar a la vista oral cuáles son los cargos a los que se enfrentan. Pueden ser condenados a una multa de entre 10 y 60 días. El juicio se celebrará en el Juzgado de Instrucción número dos, cuyo titular es Virginia Peña. Estaba previsto que fuera el primero de la mañana, pero ha sido retrasado.

 

Cabe recordarse que la Policía Nacional se llevó detenidas a las cuatro personas en la mañana del miércoles y esa misma tarde-noche los dejó en libertad, pero con la obligación de comparecer este viernes en un juicio rápido.

 

La situación que se vivió hace dos días en la urbanización Eucaliptos I del Valle de Jinámar fue muy convulsa. Una gran cantidad de personas y medios de comunicación se concentraron en el inmueble incluido varios integrantes de plataformas ciudadanas que mostraban su apoyo a la mujer que finalmente fue desahuciada.

 

Durante varias horas los detenidos esposaron a los barrotes de las ventanas para evitar salir de la casa. A la llegada de la comisión judicial, ésta se negó a negociar y dieron la orden a los agentes de que entraran en el interior. Tras varios intentos, los funcionarios lograron acceder al inmueble por la fuerza y tras un forcejeo y el corte de las esposas los detuvieron.

 

Una problema familiar y el posterior cambio de titularidad de la vivienda, en el número 11 de la calle Tamara, han abocado a M.M. y su hijo, menor de edad, a este desalojo. El alzamiento judicial los ha dejado en la calle, sin capacidad económica para hacer frente a un alquiler, sostienen.

 

M.M., desempleada de larga duración, conseguía hace tan solo unos días un contrato por cuatro meses gracias al Plan de Empleo Social. Sin embargo, su futuro laboral y, por tanto, la economía familiar volverá a ser incierta una vez finalice el convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde. Por ello las plataformas ciudadanas piden ayuda de las administraciones.