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Edificio judicial de Telde (Foto TA) Edificio judicial de Telde (Foto TA)

Intersindical denuncia que el Juzgado de Telde carece de un protocolo ante enfermedades infectocontagiosas

El sindicato pide medidas para garantizar la salud y seguridad de trabajadores, detenidos y usuarios

Dojeda Miércoles, 24 de Septiembre de 2014 Tiempo de lectura:

TELDEACTUALIDAD
Telde.- Intersindical Canaria ha denunciado que el edificio judicial de Telde, al igual que las dependencias del resto de Canarias, carecen de un protocolo de actuación ante el supuesto de detenidos que padezcan enfermedades infectocontagiosas. A través de un escrito dirigido al comité de Seguridad y Salud, el sindicato solicita que se tomen medidas, especialmente en las dependencias del juzgado de guardia, para garantizar a los trabajadores públicos, así como a los detenidos y a los propios usuarios de la Justicia unas condiciones sanitarias adecuadas.
 
La fuerza sindical hace esta advertencia en vistas a los hechos acaecidos el pasado fin de semana en Granadilla de Abona, en la Isla de Tenerife, en cuyo juzgado de guardia pasaron a disposición judicial un grupo de inmigrantes que arribaron en una patera al Puerto de Los Abrigos presentando diversos problemas de salud.
 
Según precisa Intersindical Canaria, a los inmigrantes se les tomó declaración sin haberse activado, en ningún momento, un protocolo específico y sin informar a lo trabajadores.
 
Es más, aseguran que en las dependencias judiciales -las mismas en donde se realiza la actividad diaria del juzgado- no disponían ni de mascarillas protectoras ni de guantes, por lo que se tuvo que recurrir a una empresa funeraria que facilitó dichos medios. Una situación que puso en peligro tanto la seguridad como la salud de los inmigrantes y del personal judicial.
 
Asimismo, Intersindical también exige que se pongan en marcha el Plan  Sectorial  de Prevención de Riesgos, un proyecto que tendría que haber estado en funcionamiento “desde hace tiempo” como así establece el Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomo.
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