TELDEACTUALIDAD
Telde.- Manuel Rodríguez Hernández, portavoz de la Red de Solidaridad Popular de Jinámar, considera un “paso importante” la paralización por parte del Instituto Canario de Vivienda (ICV) de los desahucios administrativos que afectaban a varias familias morosas del Valle de Jinámar con escasos recursos que no pueden hacer frente a los alquileres de sus casas sociales, tal y como avanzó TELDEACTUALIDAD. Rodríguez entiende que esta medida lleva la tranquilidad a las familias más necesitadas y evita que “paguen justos por pecadores”. TA avanza el comunicado de la RSP.
Comunicado de la RSP de Jinámar
La Red de Solidaridad Popular (RSP) de Jinámar, se manifestó ayer 26 de junio delante de las puertas de la Dirección General de la Vivienda, en el Edificio de Usos Múltiples II de las Palmas, con el fin de paralizar los expedientes de desahucios administrativos que el Instituto Canario de la Vivienda está remitiendo a muchas familias que no tienen ingresos para hacer frente a sus necesidades vitales. En la concentración participaron algo más de doscientas personas y se solidarizaron miembros de Stop Desahucio, de Redescán, la RSP de Ingenio, destacados dirigentes de CCOO, de Izquierda Unida Canaria, del PCC y del PCPC.
La concentración que tenía previsto acabar a las 15:00 horas, acabó sobre las 12:30 horas porque tras reunirse los representantes de Stop Desahucio y de la RSP de Jinámar con la Directora del Instituto Canario de la Vivienda, (Sulbey González), y dos técnicos de dicho instituto, se llegaron a acuerdos tranquilizadores para las familias que han recibido los expedientes de desahucio.
Estos acuerdos se concretan en cuatro puntos.
1º) Se cambiará el protocolo por el que se comunica a los afectados que tengan deudas con sus comunidades o con el I.C.V. y que no puedan hacer frente a las mismas por motivos económicos justificados, para que primero llegue una comunicación sobre las denuncias por dichas deudas, dando un plazo de al menos un mes para que justifiquen el no pago o la morosidad de los afectados.
2º) Dicho protocolo, antes de que se apruebe, será consultado en una próxima reunión con Stop Desahucios y la RSP. El protocolo especificará los dos o tres documentos que se requerirán a los afectados, para agilizar los trámites.
3º) En caso de estar justificados los motivos de los impagos, el ICV mediará con las comunidades, para buscar una solución que bien podría ser el fraccionamiento o aplazamiento de las deudas, en función de las condiciones económicas de las familias. En esta mediación caben otras soluciones como la permuta de la deuda por servicios a la comunidad para los casos de más necesidad.
4º) Hay el compromiso de no desahuciar a ninguna familia que demuestre no disponer de recursos suficientes para hacer frente a las deudas derivadas de su vivienda y que muestren su voluntad de solucionar las mismas con la mediación del ICV.
Para la RSP de Jinámar, es un paso importante para llevar la tranquilidad a las familias más necesitadas y que a la vez evita que paguen “justos por pecadores”.
La RSP agradece la solidaridad recibida de colectivos sociales, organizaciones políticas y sindicales y la unidad mostrada por los vecinos de Jinámar, en esta lucha para lograr para los desahucios.
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