La funcionaria de la Fiscalía que supuestamente ayudó a Teresa Velázquez comparece ante la jueza de Telde

Telde.- Los juzgados de Telde han sido este miércoles el epicentro de la noticia en relación a la denominada Operación Cebo, una supuesta estafa de más de 2,5 millones de euros en la compra de vehículos y viviendas que ha afectado a más de 80 personas y por la que aún sigue en la cárcel la que está considerada como cabecilla de la trama, la empresaria Teresa Velázquez. Durante la mañana ha prestado declaración la funcionaria de la Fiscalía Superior de Justicia y también afectada, Cristina del Carmen Cabrera.

 

La mujer compareció ante la magistrada Virginia Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, que es el que ha tutelado las pesquisas policiales de esta trama. Semanas atrás la jueza había imputado a la funcionaria por supuestamente ayudar a Velázquez a cometer algunos de los delitos cometidos.

 

La mujer fue ayudada por funcionarios y vigilantes de los Juzgados de Telde para intentar evitar a los medios de comunicación, aunque finalmente pudo ser fotografiada y no realizó declaraciones. 

 

Está previsto que en las próximas horas y días presten también declaración el marido de Teresa Velázquez, Manuel Alexis Santana Suárez, que también estuvo en la cárcel hasta el pasado 31 de octubre, y al letrado de ella, Antonio Santana Pérez, con despacho en Tenerife, según publicaba esta mañana Canarias7. 

  

Los dos ya prestaron declaración en sede judicial, pero lo hicieron cuando la causa estaba aún bajo secreto de sumario. La jueza levantó la orden en noviembre y ahora los hace comparecer nuevamente en sede judicial para que declaren en presencia de los abogados de los afectados personados.

 

Son clientes de Velázquez que le adelantaron dinero a cuenta para comprar chalets, casas y pisos obtenidos en subastas judiciales y que se quedaron sin dinero y sin casa.

 

Virginia Peña ha querido dar agilidad a este trámite y ha concentrado esta ronda de comparecencias entre esta semana y la siguiente. Mañana está previsto también que vengan a declarar en sede judicial un hermano de Teresa Velázquez, José Luis, que fue detenido junto a ella y su marido el 24 de septiembre pasado, y la propia Teresa, que, si no cambian las cosas en las próximas horas, será trasladada hasta Telde desde la cárcel de Juan Grande.

 

Según publicaba días atrás Canariasahora.com, las pesquisas judiciales y policiales sitúan a la funcionaria de Justicia como cómplice de la empresaria Teresa Velázquez, la principal imputada en la causa, que el pasado 31 de octubre reconoció los hechos en un careo de una hora y media con su marido, también imputado, y asumió toda la responsabilidad de lo sucedido. 

 

Según han informado fuentes conocedoras del caso, Velázquez solicitaba dinero a sus clientes a través de la empresa Canarias de Gestión de Embargos para supuestamente poder pujar en subastas judiciales y quedarse con inmuebles embargados que después traspasaba. Sin embargo, nunca existió ninguna subasta, ni judicial ni extrajudicial. La empresaria utilizaba “diferentes engaños” para quedarse con el dinero.

 

En uno de ellos aparece implicada la funcionaria de Justicia, que, según han manifestado varios de los denunciantes, llamaba desde su teléfono a un listado de clientes que le proporcionaba Teresa Velázquez para informarles de que la operación iba “en la dirección correcta”. La trabajadora de la Fiscalía de Las Palmas reconoció en sede judicial que realizó las llamadas, pero su versión sobre el contenido de los mensajes no coincide con la de los afectados. “No sabemos si llamó en su nombre, como favor a Teresa (es lo que ella defiende) o suplantando a alguien del juzgado”, indican fuentes judiciales.

 

Esta funcionaria, que trabaja en el ámbito de lo penal y no tiene ninguna vinculación con subastas ni con juzgados de instrucción relacionados con las mismas, también figura como denunciante, ya que aportó a Velázquez 28.000 euros para adquirir un inmueble.

 

Además de Teresa Velázquez, su marido y la trabajadora de Justicia, se encuentran imputados en la causa el hermano de la empresaria, su abogado, la propia empresa, Canarias de Gestión de Embargos, y uno de los denunciantes originarios. El juzgado no espera que se produzcan nuevas imputaciones, aunque sí que a alguno de ellos se les retiren los cargos próximamente.