El fiscal pide penas de hasta 18 años para 10 guardias que cobraban 'mordidas' en Gando

Telde.- La Fiscalía solicita penas de hasta 18 años de cárcel para diez guardias civiles destinados en 2008 en la aduana del aeropuerto de Gran Canaria por exigir sobornos a extranjeros que traían importantes volúmenes de dinero en efectivo para hacer la vista gorda y no contar su importe.

 

La acusación se dirige contra otro guardia civil más, al que se acusa de haber sustraído varios relojes que habían sido requisados temporalmente a una pasajera para comprobar si ocultaban drogas.

 

El fiscal del caso relata en la calificación provisional de los hechos que la trama se descubrió a raíz de la denuncia presentada ante la propia Guardia Civil el 31 de enero de 2008 por un ciudadano extranjero que se quejó de que, la víspera, al desembarcar de un vuelo de El Aaiun, un guardia civil del aeropuerto le había exigido la entrega de 2.000 euros para pasar el control fronterizo.

 

Este ciudadano reconoció en su denuncia que traía consigo 30.000 euros (una cantidad de declaración obligatoria) y que se avino, bajo amenazas, a pagar a ese guardia 1.500 euros, sin que los otros tres funcionarios del cuerpo que presenciaron los hechos hicieran nada por evitarlo. La revelación de esos hechos le valió a este ciudadano que el instructor del caso le eximiera del delito de cohecho.

 

A raíz de esta denuncia, el juez autorizó a colocar una cámara oculta de vídeo en la Unidad Fiscal de la Guardia Civil del aeropuerto de Gran Canaria, que captó numerosos casos más como el narrado por ese ciudadano entre junio y agosto de 2008.

 

La Fiscalía sostiene que esos vídeos y las escuchas telefónicas realizadas a los implicados ponen de manifiesto que en el control fronterizo del aeropuerto de Gran Canaria había una decena de guardias civiles que intimidaban a los viajeros llegados fundamentalmente de Marruecos, el Sahara Occidental y Mauritania para conseguir sobornos a cambio de no cumplir con sus obligaciones.

 

La acusación pública explica que estos diez guardias generalmente exigían a los extranjeros que llegaban con importantes cantidades en efectivo una dádiva "para el café", a cambio de no contar el dinero y consignar en los documentos oficiales el montante que declarasen, sin comprobar que realmente era la que esos ciudadanos decían.

 

Las cantidades ante las que estos guardias no cumplieron su obligación de fiscalización llegaron a superar el medio millón de viajeros, en algún caso. Y no siempre cobraban en efectivo, según el fiscal, sino que también aceptaban mordidas en especie, como una caja de pulpos que entregó un viajero coreano que volaba a Senegal.

 

La Fiscalía de Canarias aprecia en las conductas de esos diez guardias civiles delitos de amenazas, cohecho y falsedad en documento público, por los que pide penas que oscilan entre los dos años de inhabilitación profesional y multa, en el caso más leve, y los 18 años de cárcel, en el más grave.

 

En concreto, la acusación pública pide 18 años de cárcel para Juan José P.M. y José Santiago A.S., nueve años para Miguel M.O. y seis años para José Antonio B.C., Eladio L.C. y José Manuel S.P., en todos los casos por cohecho y falsedad; así como tres años de prisión para Salvador E.M. y Alfonso R.P., por amenazas.

 

Además, los guardias Luis Manuel Q.M. y José Manuel R.G. se enfrentan a una posible inhabilitación para ejercer empleos o cargos públicos durante dos años por un delito de cohecho y su compañero José Luis S.C. a una multa de 300 euros por una falta de hurto.

 

El fiscal también pide condenas por cohecho para seis viajeros que se prestaron a pagar ese tipo de sobornos a los acusados: dos años de cárcel para Chan I.C., un año y nueve meses para Achbick H. y un año para Yamila C., Mahjob A.B., Chiaa O.C. y Salem A.A.

 

El caso ha sido instruido por el Juzgado número 1 de Telde (Gran Canaria) y será juzgado ante Jurado en la Audiencia de Las Palmas.